El Tribunal Supremo revoca la disposición que modificó el reparto audiovisual en 2015 y ordena compensar asimismo al FC Barcelona y a los equipos de Segunda División de aquella época.
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El Tribunal Supremo emitió una resolución histórica que cierra una controversia legal iniciada en 2015 por el Real Madrid contra la organización liderada por Javier Tebas, con consecuencias económicas directas para el club blanco.
El Alto Tribunal anuló la Disposición Adicional Segunda de los Estatutos de LaLiga, aprobada en diciembre de 2015, al considerar que esta se apartó de manera «flagrante» del marco normativo establecido por el Real Decreto-ley 5/2015 relativo a la distribución de derechos audiovisuales.
El dictamen, celebrado abiertamente por el Real Madrid, reconoce que el club fue «ilegítimamente privado» de 8,8 millones de euros correspondientes a la temporada 2015/2016.
Esa misma suma deberá ser abonada también al FC Barcelona, que aparece en la resolución entre los clubes que recibirán compensaciones por el perjuicio ocasionado por el reparto irregular.
Aunque el Barça no ha emitido pronunciamiento oficial, según la resolución, el conjunto catalán y los equipos que competían en Segunda División en aquel entonces deben recibir una cantidad que les fue negada.
Un cámara de televisión durante un partido de LaLiga
En su comunicado oficial, el Real Madrid expresa su satisfacción con la sentencia: «El Tribunal Supremo ratifica plenamente los argumentos esgrimidos por el Real Madrid frente a la modificación estatutaria ilegal impulsada por LaLiga en 2015«, afirma.
Añade además: «Esta decisión restablece la legalidad y asegura que las resoluciones referentes al fútbol profesional español se adopten siempre respetando rigurosamente la ley y la transparencia«.
«Ilegalidad flagrante»
La fuerza del fallo supera el caso específico del Real Madrid. En uno de sus pasajes más contundentes, la sentencia -a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL– determina que la Disposición Adicional anulada «incurrió en flagrante ilegalidad» al instaurar un reparto audiovisual carente de respaldo legal.
Asimismo, el Tribunal expresa una dura crítica al Consejo Superior de Deportes (CSD), señalándolo por aprobar la reforma estatutaria sin cumplir eficazmente su función de supervisión legal.
«Corresponde al CSD velar por que LaLiga cumpla con las facultades que le confiere el Real Decreto-ley 5/2015«, indica la resolución, añadiendo que «de no hacerlo, se otorgaría permiso para desvirtuar esta entidad de interés público bajo el principio de mayorías».
Los equipos de Segunda División
El Supremo también ordena indemnizar con aproximadamente 88 millones de euros a alrededor de veinte clubes que competían en Segunda División durante la temporada en cuestión.
Equipos como Alavés, Alcorcón, Girona, Tenerife o Zaragoza recibirán fondos que en su momento no les fueron asignados, a pesar de estar contemplados en la normativa vigente.
El criterio ahora invalidado por el Supremo benefició a clubes con contratos de derechos audiovisuales más elevados, en perjuicio de un reparto equitativo, tal como exige la legislación.
El Real Madrid sostiene que esta alteración afectó «ilegítimamente» a todos los clubes mencionados: «El sistema legal aplicable implica el pago de aproximadamente 88 millones de euros adicionales, de los cuales fueron privados ilegalmente«, reafirma el club en su comunicado oficial.
LaLiga reconoce el impacto
En respuesta, LaLiga publicó un comunicado en el que intenta minimizar las consecuencias del fallo, resaltando que se refiere a una norma ya derogada y basada en la antigua Ley del Deporte.
Sin embargo, la sentencia desestima «por completo» el recurso interpuesto por la organización presidida por Javier Tebas, ratificando en su totalidad lo ya decidido por la Audiencia Nacional.
La patronal también destaca que el Tribunal validó otros artículos de sus Estatutos, como el artículo 50 relativo a la cuenta operativa, aunque este punto ha quedado en segundo plano frente al revés económico y legal sufrido.
Javier Tebas Europa Press
Pasos siguientes
La resolución impone ahora a LaLiga la obligación de abonar las cantidades indebidamente retenidas, tanto al Real Madrid como al Barça y a los demás clubes afectados.
Debe definirse si este proceso se ejecutará automáticamente o si habrá que realizar nuevos procedimientos por parte de los clubes involucrados.
Con esta sentencia, el Tribunal Supremo no solo da la razón al Real Madrid, sino que establece un precedente jurídico respecto a las limitaciones de actuación de LaLiga en ámbitos económicos.