El PP ha solicitado al CNI que confirme si Margarita Robles requirió algún informe o investigación sobre José Luis Ábalos y su hijo en relación con el caso Koldo.
Los populares demandan saber si miembros del Ejecutivo ordenaron vigilar o entorpecer la función ministerial de Ábalos, así como si existió filtración de datos judiciales a su favor.
El PP cuestiona si Pedro Sánchez compartió información confidencial acerca de la investigación sobre Koldo García con Ábalos, lo que podría constituir un delito de revelación de secretos judiciales.
Entre las preguntas del PP aparece también el rol de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa y las supuestas propuestas económicas de Santos Cerdán a Ábalos tras la detención de Koldo García.
El Grupo Parlamentario Popular ha requerido al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que confirme si Margarita Robles solicitó al organismo «algún informe, documento, nota, investigación o verificación de datos» sobre José Luis Ábalos y su hijo mayor dentro del denominado caso Koldo.
En esta iniciativa parlamentaria, que surge tras la exclusiva de EL ESPAÑOL y a la cual ha accedido este medio, los populares han presentado una serie de preguntas escritas al Gobierno con la intención de «aumentar la presión» ahora que los exdirigentes socialistas encarcelados «comienzan a confesar».
El PP exige que el Ejecutivo confirme la veracidad de lo declarado por Víctor Ábalos. El hijo del exministro y ex secretario de Organización del PSOE afirma que en 2020, durante una fiesta de Halloween, la entonces esposa de su padre, Carolina Perles, transmitió a Adriana Lastra información comprometedora contra el exministro de Transportes.
En ese momento, Lastra era vicesecretaria general del partido y figura considerada número dos de los socialistas. Según Víctor Ábalos, esta circunstancia fue una de las causas para que Pedro Sánchez decidiera destituir a su padre de todos sus cargos.
De hecho, el PP solicita a los servicios de inteligencia que aclaren si la ministra de Defensa encargó al CNI la elaboración de un informe sobre Ábalos en cuanto conoció que él intentaba mantener esa cartera ante el presidente, mientras Sánchez evaluaba su primera crisis de Gobierno en julio de 2021.
De esta forma, habría entrado en juego el supuesto «clan de Navalcarnero», compuesto por Ricardo Mar, que aún era director de Gabinete de Ábalos, y Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes, quienes pretendían «provocarle la caída».
El PP también pregunta si Mar y Saura recibieron orientaciones de Sánchez o de cualquier otro miembro del Gobierno para «supervisar, vigilar, obstaculizar o dificultar» las funciones ministeriales de Ábalos.
¿Obstrucción a la Justicia?
Sin embargo, las interrogantes del PP van más allá. El partido cuestiona al Ejecutivo sobre la supuesta filtración de información judicial proporcionada por el presidente Sánchez a Ábalos dentro de una reunión en Moncloa el 28 de septiembre de 2023. El exministro ha señalado que Sánchez le avisó de que la Fiscalía estaba investigando a Koldo.
Las pesquisas contra el exasistente de Ábalos comenzaron tras la denuncia interpuesta por el PP en la Asamblea de Madrid en marzo de 2022, año y medio antes.
La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación sobre Soluciones de Gestión por posibles irregularidades en la compra de mascarillas. No obstante, no presentó querella ante la Audiencia Nacional hasta el 6 de septiembre de 2023, acusando a Koldo García y Víctor de Aldama de organización criminal, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias.
La gravedad del caso reside en que dicha querella incluía la solicitud de intervención de comunicaciones.
El Auto del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional aceptó la querella el 8 de septiembre de 2023. Hasta ese momento, «nadie podía saber que Koldo García estaba siendo investigado».
Es decir, que apenas 20 días después del inicio de las diligencias, el presidente comunicó a Ábalos «información que no debía conocer ni revelar», dado que las actuaciones estaban bajo secreto judicial. Por ello, Sánchez podría enfrentarse a un delito de obstrucción a la Justicia.
El PP pregunta además «quién transmitió esa información al presidente» entre el 8 y el 28 de septiembre y por qué Sánchez eligió informar a Ábalos. Se cuestiona si «el presidente es consciente» de que acceder, difundir y entregar datos de una investigación judicial secreta «podría suponer un delito de revelación de secretos judiciales».
En el paquete de preguntas se incluyen también asuntos vinculados a Air Europa. El PP indaga el papel de Begoña Gómez en el rescate de la aerolínea, después de que Ábalos mencionara una supuesta compensación por «el buen trato» recibido.
Asimismo, se incorporan cuestiones sobre ofertas económicas de «cheque en blanco» supuestamente realizadas por Santos Cerdán a Ábalos para asegurar su silencio tras la detención de Koldo García en febrero de 2024.