La principal asociación de jueces denuncia la interferencia de Sánchez en la sentencia del fiscal general y exige cesar los ataques al Tribunal Supremo

La APM señala en un comunicado que los ataques contra el Alto Tribunal representan «un nuevo ultraje a la lealtad institucional».

Pedro Sánchez, el jueves, en un acto con los sindicatos para firmar la subida salarial de los funcionarios.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria dentro de la judicatura, emitió un comunicado en el que cuestiona la «intromisión» del presidente Pedro Sánchez en el proceso contra el fiscal general del Estado y solicita la paralización de los «severos ataques y descalificaciones» dirigidos al Tribunal Supremo, considerados «totalmente inapropiados en una democracia avanzada».

«Las recientes manifestaciones del Sr. Presidente del Gobierno, haciendo afirmaciones categóricas sobre la culpabilidad en un asunto que aún estaba siendo juzgado por el Tribunal Supremo, solo pueden interpretarse como una intromisión que a su vez vulnera ese deber de respeto que debería observar», señala el comunicado difundido tras el congreso que la APM celebró ayer y hoy en Murcia, clausurado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

«Creemos en su inocencia y, tras lo oído y visto esta semana, aún más», declaró Sánchez mientras se desarrollaba el juicio contra Álvaro García Ortiz.

La APM lamenta además las reacciones contra el tribunal luego de que se comunicara la orientación condenatoria del fallo. «La desautorización expresada en los días posteriores respecto a la resolución anticipada por la Sala Segunda del Alto Tribunal constituyó un nuevo paso que vulnera la lealtad institucional, particularmente reprochable al no haberse esperado siquiera las razones que fundamentan la condena al Fiscal General del Estado».

El propio Sánchez afirmó en el Congreso de los Diputados que «el tiempo pondrá las cosas en su lugar», dando por hecho que la sanción sería revocada por el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Estrasburgo. «La advertencia sobre la potencial revisión de las facultades para tutelar los derechos e intereses legítimos colisiona directamente con el texto constitucional», concluye la APM.

El comunicado finaliza reafirmando que los jueces continuarán desempeñando su labor de «administrar justicia de manera recta e imparcial para todos».

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