El exministro envía un escrito a la Mesa por no cumplir con su obligación formal de solicitar las resoluciones del Tribunal Supremo
José Luis Ábalos critica a la presidenta del Congreso por «menospreciarlo» como si fuera un diputado de segunda categoría. El antiguo ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE considera que Francina Armengol viola claramente el Reglamento de la Cámara Baja, que en su artículo 14.1 establece que la presidenta debe advertir a «la autoridad judicial» sobre «la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias dictados que afecten personalmente al diputado o diputada».
Esta norma no se está respetando, pues el juez no ha remitido a la Cámara Baja todos los autos correspondientes. Eso ha provocado el enfado de Ábalos, quien ha enviado un escrito a la Mesa del Congreso denunciando el incumplimiento del Reglamento y reclamando que Armengol tome medidas firmes frente al juez. «Me menosprecia a mí, desprecia al Tribunal Supremo y desestima al Congreso», afirmó Ábalos a EL MUNDO horas antes de su entrada en prisión. Asimismo, el excolaborador de Pedro Sánchez ha presentado a la Mesa un documento en el que exige a Armengol que acate el Reglamento y, por tanto, evite la prevaricación.
El exministro se queja específicamente de que el tercer auto del juez Leopoldo Puente no fue enviado a la Cámara y que, a pesar de ello, la presidenta no lo ha reclamado. «Interpongo esta apelación no por una reivindicación personal, debido a mi situación, sino en defensa de la Cámara y de su derecho reconocido a la inmunidad parlamentaria», señala el diputado en el escrito al que ha tenido acceso este medio. Lo que defiende es que la inmunidad parlamentaria no solo ampara a la «situación individual del diputado», sino que «trasciende mucho más allá».
La razón radica en que «la inmunidad parlamentaria tiene como objetivo garantizar la independencia e integridad del órgano legislativo y no debe considerarse un privilegio personal para diputados o senadores, sino que está concebida para proteger la función parlamentaria y evitar la interferencia indebida del poder judicial u otros poderes en la base del poder legislativo», añade.
«Armengol no protege al Congreso. No está cumpliendo con la obligación y compromiso que le impone el artículo 14 y el suplicatorio, que es ordenar al Supremo que remita las resoluciones, autos y sentencias. El juez sostiene que solo debe enviar lo relacionado con mi libertad, y eso no corresponde», explicó el exministro a este periódico.
«Ella debe defender al Congreso frente al Supremo, y no lo hace. No existe colaboración entre poderes. La premisa es que el Congreso coopere a condición de que se informe a la Cámara», subraya. «El suplicatorio se solicitó para investigar hechos, no delitos», añadió.
Cabe recordar que el Gobierno balear encabezado por Francina Armengol destinó 3,7 millones de euros públicos a la trama de Koldo García en plena pandemia, pese a que sus técnicos certificaron que el material sanitario era de mala calidad e inutilizable para fines sanitarios. Como en otros procedimientos investigados, la negociación y acuerdo con la empresa Soluciones de Gestión, respaldada por el exasesor personal de José Luis Ábalos y vinculada al empresario Víctor de Aldama, fue verbal y el expediente administrativo se confeccionó a posteriori, sin permitir la participación de otras compañías.
La Guardia Civil ya concluyó que, a pesar de la emergencia, el proceso fue ilegal al comprobar que la adjudicación estaba predeterminada para favorecer a esta compañía. El equipo de Armengol reconoció que eligió dicha sociedad, que carecía de solvencia y experiencia, porque se la recomendó el Ministerio de Transportes dirigido por Ábalos y que el material recibido era de baja calidad. A pesar de ello, el Ejecutivo balear, que almacenó el equipo inutilizable en un depósito industrial, tardó tres años en reclamar el dinero a la empresa.
Aunque el Gobierno insular certificó inmediatamente que las mascarillas no servían, presentó una solicitud para que la mercancía fuese pagada con fondos europeos. Para ello, falsificó un formulario en el que se declaraba por escrito que las mascarillas estaban en perfectas condiciones y que el envío cumplía con los requisitos estipulados.
Sin embargo, las irregularidades no terminaron ahí. En agosto de 2020, dos meses tras rechazar totalmente el material sanitario de la trama, la Conselleria de Sanidad balear emitió a la empresa vinculada a Koldo García un certificado de idoneidad para poder presentarse a concursos públicos en otras comunidades autónomas. Al punto de que el mismo alto cargo que inicialmente advirtió que el material era defectuoso acreditó que la experiencia con este había sido «satisfactoria».
Armengol declaró estar indignada por lo ocurrido y se consideró víctima de la trama que ahora ha llevado al exministro de Transportes a la cárcel. A pesar de que la presidenta del Congreso de los Diputados siempre se ha desvinculado por completo de Koldo García, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interceptó comunicaciones entre ambos donde la ex presidenta balear facilitó al colaborador de Ábalos el número de teléfono de su consejera de Sanidad para gestionar la contratación con las empresas que apoyaba a cambio de comisiones. «Vale cariño, te mantengo informada de todo», respondió Koldo a Armengol.