El Congreso rechazó la senda de estabilidad presentada por el Gobierno como preludio del Presupuesto, dejando incierto el porvenir de la legislatura.
En esta ocasión no hubo sorpresas ni frenéticas negociaciones en el último minuto, ni tampoco cambios inesperados a cambio de concesiones. Tal y como se había anticipado desde hace semanas, el Congreso mostró ayer que el Ejecutivo ha perdido el respaldo mayoritario, que los cimientos inestables sobre los que ha descansado durante los últimos meses se han desmoronado, y que, pese al empeño de Pedro Sánchez por continuar, la legislatura carece de futuro.
El Gobierno quedó en minoría absoluta, y ante esta realidad inevitable, el propio presidente optó por no presentarse siquiera a la votación de la senda de estabilidad diseñada por su vicepresidenta primera como paso previo al proyecto presupuestario. Él fue uno de los tres diputados, junto a José Luis Ábalos, quien ingresó en prisión ayer, y Aína Vidal (Sumar), que no participaron en una votación clave para la continuidad del mandato.
Finalmente, 178 votos en contra y cinco abstenciones frente a 164 a favor cerraron la primera vía al proyecto de Presupuestos que el Ejecutivo se comprometió a presentar para 2026. Todo apunta a que el rechazo a la senda de estabilidad, los objetivos de deuda y déficit, y el techo de gasto es irreversible, y que las prometidas Cuentas del Estado, que serían las primeras de esta legislatura, están condenadas a no ver la luz.
La relevancia de la votación celebrada ayer en el Congreso es enorme, no solo porque los Presupuestos son la ley fundamental para cualquier Gobierno al reflejar en cifras el proyecto político y la hoja de ruta que tiene para el país, sino también porque pone en evidencia la fortaleza gubernamental y el respaldo que posee por parte de los representantes del pueblo, quienes a fin de cuentas le otorgan legitimidad.
Quedó patente en la Cámara que ese bloque que respaldó la investidura de Sánchez hace dos años se ha ido fragmentando paulatinamente y lo que queda ya no basta para sostener al Gobierno con margen de maniobra, capacidad para decisiones significativas y, en suma, en condiciones de impulsar el país.
El rechazo del bloque original de la oposición —PP, Vox y UPN, con 171 escaños— era esperado; nunca los partidos de la oposición han aprobado el proyecto de Presupuestos del Ejecutivo. La diferencia ahora es que a este muro se ha sumado Junts, el grupo parlamentario que con sus siete diputados fue decisivo en 2023 para abrir nuevamente las puertas de La Moncloa a Sánchez.
El descontento de Puigdemont y su grupo ante lo que consideran incumplimiento reiterado de las promesas presidenciales ha ido en aumento desde el pasado verano, cuando la legislatura alcanzó su ecuador, culminando en una ruptura total anunciada hace un mes y confirmada ahora sin ambigüedades.
La separación de Junts resulta crucial porque, tras la pérdida del voto de José Luis Ábalos, solo el apoyo explícito de este grupo independentista puede mantener con vida al Gobierno. Cualquier voto distinto a un sí rotundo de Junts significará rechazar las iniciativas gubernamentales, y el grupo de Puigdemont ha dejado claro que Sánchez no puede contar con su respaldo.
El diputado Josep María Cruset fue directo: «Está claro para todos que no tendrán Presupuestos (…) Se ha visto cómo la soberbia política de su Gobierno ha bloqueado la legislatura y dejará a su país un año más sin Presupuestos». Para añadir más, se dirigió a María Jesús Montero: «Desde que usted es ministra de Hacienda, el Estado español ha funcionado sin Presupuestos en los años 2019, 2020, 2024, 2025 y probablemente en 2026. En ocho años solo ha aprobado tres. Cualquier ministro con ese historial habría dimitido. La única razón para que siga en el cargo es que no arriesga su dinero, sino el de los ciudadanos».
A esta crítica se sumó también la desvinculación de los cuatro diputados de Podemos y de la representante de Més-Compromís, quienes, al abstenerse, restaron apoyos adicionales al Ejecutivo.
La portavoz de los morados, Ione Belarra, afirmó que el objetivo real de Sánchez no es aprobar las cuentas públicas sino usar el fracaso anticipado como bandera en su campaña electoral. Por su parte, Águeda Micó, de Compromís, justificó la abstención señalando la crónica infrafinanciación de la Comunidad Valenciana.
Aunque esos cinco escaños —Podemos y Compromís— hubieran mantenido su respaldo a Sánchez, no habrían logrado evitar el fracaso gubernamental, pero su abstención evidenció que el Gobierno solo cuenta ahora con una minoría absoluta.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda hizo esfuerzos infructuosos para persuadir a los discrepantes al señalar que su propuesta implicaría para las Comunidades Autónomas, en su mayoría gobernadas por el PP, recursos adicionales por 5.485 millones. Sin embargo, no logró su cometido. Lo sabía desde el inicio, pero intentó transmitir que no todo está perdido porque el Gobierno, con o sin apoyos, continuará enviando a la Cámara un proyecto presupuestario.
Para los populares, como señaló su portavoz económico, Juan Bravo, «un Gobierno inestable no puede reclamar estabilidad». Bravo subrayó la crítica al infierno fiscal y defendió que el dinero «está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en el de Montero o en el de Sánchez».
Por otro lado, el diputado de Vox, José María Figaredo, acusó al Ejecutivo de manipular datos del PIB proporcionados por la anterior vicepresidenta, Nadia Calviño, y también de desperdiciar los recursos: «Ustedes distribuyen el dinero de los españoles, cada martes en el Consejo de Ministros, en innumerables gastos sin beneficio claro para la ciudadanía y eso debe terminar».
Teresa Jordà, de ERC, grupo que sí apoyó al Gobierno, reclamó para Cataluña «el máximo de recursos posibles» y la «financiación singular» acordada bilateralmente, mientras EH Bildu solicitó más impuestos a la banca, incrementos en pensiones y salario mínimo, y considerar la vivienda como un «derecho aplicable». Según la formación abertzale, todo esto sería viable con el techo de gasto de 212.000 millones que el Gobierno proponía. Por su parte, el diputado de UPN, Alberto Catalán, dedicó su tiempo a exigir al Ejecutivo «elecciones ya».