Las negociaciones, realizadas en Doha, comenzaron en septiembre, cuando se firmó una hoja de ruta en la que se comprometieron a reducir la violencia
Desde septiembre, el gobierno de Colombia sostiene un diálogo con el Clan del Golfo, el grupo criminal de narcotráfico más grande del país latinoamericano, realizando las negociaciones en un espacio neutral, una sala en Doha. En la próxima reunión, una delegada española se unirá al equipo mediador compuesto por Suiza, Noruega y Qatar.
El papel de España como mediadora entre Colombia y sus organizaciones terroristas, que surgieron en facciones territoriales tras la disolución de Las FARC en 2016, no es algo nuevo, dado que ya formó parte de la mesa de negociación entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN en 2022. Sin embargo, estas conversaciones están suspendidas desde hace más de un año, tras un ataque de la guerrilla en el noreste del país que dejó casi 100 muertos y provocó el desplazamiento de 60.000 campesinos.
Con las elecciones en marzo de 2026 acercándose, el gobierno de Petro está acelerando las negociaciones con la intención de alcanzar un acuerdo de alto el fuego con al menos una de las organizaciones criminales con las que mantiene diálogos abiertos desde el inicio de su mandato. “El Ejecutivo ha determinado que no puede mantener mesas indefinidas para conversar sin lograr resultados, por ello se han suspendido las negociaciones con otros grupos armados, ya que sentarse a dialogar implica tener la voluntad de negociar y alcanzar acuerdos, lo cual no ha habido manifestación ni evidencia”, afirmó la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, el 19 de noviembre en una conferencia en Casa América (Madrid).
Un acuerdo antes del final del mandato de Petro
De acuerdo con la canciller, la estrategia del gobierno colombiano, que mantenía múltiples mesas abiertas, ha cambiado, centrándose ahora solo en “grupos que valoren el tiempo de manera diferente” y con los cuales se pueda alcanzar acuerdos en un período más corto. “El Clan del Golfo ha mostrado hasta ahora voluntad. No ha reanudado actividades. Tenían un fuerte control en el Darién, principalmente relacionado con el tráfico de personas, un negocio que podría superar al de la cocaína, pero ese se ha detenido”, mencionó.
Declaraciones del brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante Décima Primera Brigada del Ejército Nacional – crédito Ejército Nacional
Villavicencio añadió que es posible que “antes de que termine el gobierno pueda darse ese acuerdo para desactivar toda la actividad ilegal y establecer un acuerdo concreto, que naturalmente para ellos implica la reincorporación a la vida civil, programas de reintegración y otros proyectos que les permitan reconstruir sus vidas e integrarse a la sociedad”.
Las negociaciones en Qatar comenzaron en septiembre, tras la negativa del grupo criminal a continuar dialogando con el gobierno dentro de las fronteras colombianas. En ese primer encuentro en el extranjero, se firmó una hoja de ruta que comprometía al desescalamiento de la violencia en el noreste del país, una región que conecta el Caribe con el Darién y es frecuentada por organizaciones narcotraficantes. Entre las prioridades del acuerdo está la eliminación del reclutamiento infantil por parte del Clan.
El Clan del Golfo tenía presencia en España
No será esta la primera vez que España se cruza con el Clan del Golfo. A principios de octubre, la Guardia Civil, en una operación conjunta con las autoridades colombianas y con apoyo de Interpol, logró desarticular una red internacional de lavado de dinero vinculada a esta organización. Dicha red canalizaba dinero ilícito por medio de sociedades ficticias y una red de inversiones en distintos sectores como inmobiliario, tecnológico y construcción, además de transferencias a bancos y billeteras virtuales.
Los principales responsables, los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, conocidos como “Black Jack” y “Marcos”, fueron detenidos en Ibiza, donde llevaban un perfil discreto. Además, fue arrestado en España Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias Cejas. Según la Guardia Civil, el esquema de lavado de dinero se basaba en la creación de empresas fantasma que daban una apariencia legal a los fondos provenientes del narcotráfico.