El organismo internacional urge a incrementar el parque de vivienda accesible, agilizar los procedimientos administrativos y complementar la regulación del alquiler con incentivos para la oferta y la construcción
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Estado adquiera 25.000 viviendas que están en venta por fondos de inversión por debajo del precio de mercado, con la finalidad de aumentar el parque público bajo la modalidad de alquiler asequible. (Fuente: Congreso)
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pone nuevamente el acceso a la vivienda como uno de los principales retos estructurales de la economía española y demanda un cambio más ambicioso en las políticas públicas en su informe reciente sobre la situación financiera del país. Su mensaje esencial indica que España no podrá frenar la subida de precios ni aliviar la presión sobre los inquilinos más vulnerables si no incrementa notablemente la oferta de vivienda asequible y elimina los obstáculos administrativos que dificultan la construcción.
En primer lugar, la OCDE exige ampliar considerablemente el parque de vivienda social y asequible, que en España representa solo el 3% del total del parque inmobiliario, siendo una de las cifras más bajas en Europa y muy inferior a la media de la UE. El organismo señala que los programas impulsados en los años recientes, tales como el Plan Estatal de Vivienda, el Plan para la Promoción de Vivienda Social y el PERTE para Vivienda Industrializada, aunque son avances positivos, continúan lejos de cubrir el déficit estimado de 1,5 millones de unidades necesarias para alcanzar el promedio europeo.
Asimismo, el informe de más de 130 páginas recalca la necesidad de implementar mecanismos claros y transparentes para asignar estas viviendas, basados en criterios de renta y en la situación socioeconómica de los solicitantes, además de revisar periódicamente la elegibilidad de los inquilinos. Según el organismo, estos controles son imprescindibles para asegurar un uso eficiente de los recursos públicos, impedir que las viviendas subvencionadas se desvíen hacia quienes podrían acceder al mercado libre y garantizar que las unidades construidas realmente favorezcan a los hogares más vulnerables.
También se destaca que la escasez de suelo urbanizable y los largos procesos administrativos limitan la capacidad de aumentar con rapidez la oferta, por lo que la expansión del parque social debe estar acompañada de reformas legales y de planificación urbana que agilicen la construcción y disminuyan la incertidumbre para inversores y promotores.
Reformas en el marco normativo
En el mercado de alquiler, la OCDE reconoce la intención del Gobierno español de controlar los precios en las zonas más tensionadas mediante los límites impuestos a los precios de la renta y la implementación de un nuevo índice de referencia que sustituirá los ajustes en función del IPC a partir de este año. No obstante, el organismo advierte que estas medidas, si se aplican de manera estricta e independiente, podrían reducir la oferta disponible, ya que algunos propietarios podrían retirar sus viviendas del mercado o optar por alquileres turísticos de corta duración.
Además, el ‘think tank’ subraya que la presión sobre los hogares con menores ingresos no disminuirá si no se acompaña de un aumento constante de la vivienda social y asequible, cuyo parque actual representa apenas el 3% del total en España, muy por debajo de los estándares europeos. Por eso, el organismo recomienda establecer un marco regulatorio equilibrado, que combine la protección al inquilino, incentivos para que los propietarios mantengan su oferta en el mercado y políticas que amplíen significativamente la vivienda social, asegurando así tanto el acceso asequible como la seguridad jurídica para la inversión privada.
También exige una reforma profunda del marco fiscal, con actualizaciones regulares de valores catastrales y una reducción de impuestos que podrían distorsionar el mercado, como el de transmisiones patrimoniales. Insiste en que cualquier nueva medida tributaria debe contar con criterios transparentes y mecanismos de control. Finalmente, la OCDE pide acelerar la planificación urbanística y modernizar los trámites que actualmente ralentizan la construcción de nuevas viviendas, apostando por procedimientos más ágiles y por la industrialización del sector.
Un mercado tensionado y una oferta limitada
Las advertencias de la OCDE surgen en una coyuntura especialmente difícil para el mercado de la vivienda en España. Los precios de compra han retomado una tendencia al alza impulsados por la escasez de oferta nueva y por el aumento de la demanda en ciudades y zonas costeras. En cuanto al alquiler, se enfrenta al periodo más restrictivo desde la burbuja: la oferta disponible ha disminuido considerablemente en los últimos años mientras que la población joven, migrante y los hogares con menor capacidad económica dependen cada vez más de este mercado.
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El Gobierno ha implementado medidas para aliviar la presión, desde el bono joven hasta el impulso del Plan Estatal de Vivienda o los anuncios de importantes operaciones públicas en suelo propio. Sin embargo, la OCDE indica que, a pesar de estos esfuerzos, el parque de vivienda asequible sigue siendo insuficiente y la coordinación entre administraciones resulta débil. Además, las reformas regulatorias recientes han generado un clima de incertidumbre entre propietarios y promotores que, según el organismo, limita la entrada de nueva oferta.
Si las reformas se postergan, la OCDE advierte que la tensión en el mercado de alquiler se mantendrá y que el acceso a la vivienda podría convertirse en un obstáculo para la movilidad laboral y el crecimiento económico. El desafío, concluye el organismo, no es solo social: también es económico y afecta a la competitividad.