El organismo internacional recomienda extender el periodo de cálculo a 35 años y vincular las prestaciones a la esperanza de vida para asegurar la viabilidad del sistema
Las pensiones de jubilación en 2025 y su poder adquisitivo pronostican un escenario complicado para nuestros mayores.
El aumento constante del gasto en pensiones ha encendido las alarmas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en su informe más reciente sobre la economía española advierte sobre su repercusión en la economía y el empleo. El organismo internacional remarca la urgencia de reformar la fórmula de cálculo de las pensiones de jubilación mediante acciones como la ampliación del periodo considerado para el cálculo y la asociación de las prestaciones con la evolución de la esperanza de vida.
Los intentos por extender la vida laboral no son novedosos en España. Desde 2011, la edad legal de jubilación ha subido progresivamente de 65 a 67 años, y también se ha ampliado el periodo de cotización usado para determinar la pensión. Las reformas implementadas en 2021, 2023 y 2025 han agregado incentivos para la jubilación tardía y parcial. La OCDE destaca que dichas medidas han elevado la edad media efectiva de incorporación al sistema hasta 65,2 años en 2025, además de mejorar las tasas de participación laboral de mayores de 55 años. Paralelamente, se han reforzado los mecanismos que permiten combinar trabajo y pensión, con pagos parciales y bonificaciones crecientes según los años de aplazamiento, facilitando una transición gradual hacia la jubilación y permitiendo la entrada de jóvenes al mercado laboral.
A pesar de estos progresos, los especialistas alertan sobre la necesidad de implementar nuevas reformas para asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. La OCDE y AIReF proponen extender el período de cálculo de la pensión hasta 35 años, incluyendo más años de la vida laboral para reflejar con mayor precisión las contribuciones y equilibrar el sistema. Además, plantean la vinculación de las prestaciones o de la edad legal de jubilación con la esperanza de vida, mediante un mecanismo similar al antiguo factor de sostenibilidad, que fue eliminado en ejercicios previos. Esta medida facilitaría el ajuste de las pensiones al incremento de la longevidad sin afectar a los jubilados actuales, garantizando que el sistema continúe siendo viable ante el crecimiento de la población mayor.
Limitaciones en los aumentos de pensiones y fomento del empleo en la tercera edad
Otro punto fundamental es la revalorización de las pensiones. La activación del índice de revalorización junto a un mecanismo de ajuste dinámico permitiría controlar los incrementos futuros y preservar la estabilidad financiera del sistema. Sin estas acciones, los déficits podrían requerir ser cubiertos mediante transferencias del presupuesto general, desviando recursos de otras áreas prioritarias, como educación, salud o inversiones en infraestructuras. Por tanto, la vigilancia continua de la evolución del sistema y de los déficits previstos resulta esencial para activar correcciones oportunas y fomentar un debate público informado acerca de la sostenibilidad de las pensiones.
El fortalecimiento del sistema de pensiones también implica políticas de empleo orientadas a respaldar trayectorias laborales más largas. Esto abarca la mejora de incentivos, formación y condiciones laborales para los adultos mayores, fomentando su permanencia activa en el mercado de trabajo. Una combinación de medidas paramétricas y laborales permitirá controlar el gasto futuro, al tiempo que mantiene la productividad y reduce la presión sobre los trabajadores jóvenes. La OCDE subraya que únicamente mediante un enfoque integral, que combine ajustes en las pensiones con políticas de empleo y monitoreo constante, España podrá asegurar un sistema justo, sostenible y equitativo.
Impactos del cambio demográfico
El envejecimiento de la población ha generado presión sobre el sistema de pensiones español. Según la OCDE, el gasto en pensiones podría aumentar hasta 3,2 puntos del PIB entre 2023 y 2050, mientras que el gasto total vinculado al envejecimiento, incluyendo salud y cuidados a largo plazo, podría crecer hasta 5,2 puntos.
Para afrontar esta presión fiscal sin perjudicar la actividad laboral, la institución considera necesario implementar medidas que contribuyan a reducir el gasto futuro en pensiones y mantener el equilibrio financiero sin recortar las prestaciones. La opción de introducir incrementos adicionales en las cotizaciones a la Seguridad Social elevaría la cuña fiscal laboral (la diferencia entre el coste total para el empleador y el salario neto recibido por el trabajador), lo cual podría afectar negativamente al empleo.