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Cinco jóvenes jóvenes con gorras y capuchas, pero con el rostro al descubierto, suben las escaleras de un edificio de apartamentos y se congregan frente al número 301.
Uno sostiene un rifle de asalto, otro conversa por teléfono en español. Un tercero golpea la puerta con insistencia y finalmente todos irrumpen en la residencia.
Este video, grabado en agosto de 2024 por una vecina del complejo residencial de ladrillo rojo llamado Edge at Lowry, ubicado en el centro de Aurora, Colorado, habitado mayoritariamente por inmigrantes venezolanos, se viralizó rápidamente.
Ese mes, la policía local confirmó la detención del también venezolano Yoendry Vílchez Medina-José, señalado por protagonizar hechos similares y por un agresivo ataque contra el administrador de otro edificio en esa área.
Lo identificaron, junto a doce personas más, como un «miembro documentado» del Tren de Aragua (TdA), un nombre cada vez más presente en los ámbitos de seguridad de EE.UU., aunque hasta entonces poco conocido para el público general.
No obstante, fue Donald Trump quien dio notoriedad nacional a esta pandilla.
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Durante la campaña electoral, Trump visitó Aurora, un suburbio densamente poblado del área metropolitana de Denver donde se han establecido cerca de 30.000 venezolanos en los últimos dos años. Lo describió injustamente como «un área de guerra», potenciando con los sucesos en la zona su discurso de vincular la migración con el aumento del delito.
En enero, ya como presidente, declaró al Tren de Aragua una «organización terrorista».
Desde entonces, el TdA, como se le conoce en Estados Unidos, ha servido para justificar una campaña de deportación masiva, la transferencia de más de 200 venezolanos a la cárcel salvadoreña de máxima seguridad Cecot, un despliegue militar sin precedentes en el Caribe y ataques a embarcaciones presuntamente involucradas en tráfico de drogas.
El presidente sostiene que esta pandilla callejera, que fue creada hace alrededor de diez años en una prisión venezolana, intenta «invadir» EE.UU. y representa una amenaza para «la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental».
En la Asamblea General de la ONU en septiembre, Trump calificó al grupo como «un enemigo de toda la humanidad» y un «brazo» del gobierno venezolano.
Pero, ¿qué tan real es su presencia en EE.UU.?
Pandilla carcelaria en Venezuela
Luis Izquiel, profesor de Criminología en la Universidad Central de Venezuela, indica que la organización surgió hace «unos 12 o 14 años» dentro de un sindicato que controlaba una sección de construcción del ferrocarril en el estado Aragua.
«Sus integrantes extorsionaban a los contratistas, vendían puestos laborales en las obras y empezaron a ser conocidos como ‘los del Tren de Aragua’», explicó a BBC Mundo el especialista en crimen organizado.
Algunos de estos integrantes terminaron recluidos en la prisión local de Tocorón, ubicada al suroeste de Caracas.
Allí también fue encarcelado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», considerado uno de los líderes actuales del grupo, y «fue desde ese lugar donde comenzaron a ganar poder», señala el profesor.
La influencia del grupo pronto se extendió más allá del penal hasta convertirse en la organización criminal más poderosa de Venezuela.
El «Niño Guerrero» está siendo buscado en varios países sudamericanos y su paradero es desconocido.
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Diversos investigadores sostienen que esto solo fue viable gracias a la complicidad de funcionarios estatales, ya sea por «acción u omisión». Algunos afirman directamente que el Tren es una organización «respaldada por el Estado» y con vínculos con el poder, postura que el gobierno venezolano niega.
En cualquier caso, cuando Venezuela enfrentó una profunda crisis económica y política, la banda comenzó a aprovechar la situación de los millones de venezolanos que huían.
«Se dieron cuenta de que podían lucrarse con la migración y empezaron a capitalizar ese negocio», comentó a BBC Mundo Ronna Rísquez, periodista venezolana de investigación y autora del libro «El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina».
La expansión por América Latina
El primer indicio público de una expansión internacional del grupo se registró en Perú en 2018, aunque podría haberse iniciado antes, afirmó Rísquez.
Desde entonces, la banda empezó a extenderse con rapidez por países vecinos, a pesar de las declaraciones del gobierno de Nicolás Maduro, que asegura haber desarticulado la organización tras retomar el control en 2023 de la prisión donde se originó, y de que el canciller Yván Gil expresara en julio que el Tren de Aragua es «una ficción creada por medios internacionales».
Ese mismo mes, la policía colombiana reportó la captura de más de 80 miembros del grupo en su territorio, destacando a Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como Larry Changa, señalado como uno de los fundadores del Tren de Aragua.
También se han registrado arrestos y condenas vinculadas a esta pandilla en Chile, y en Brasil las autoridades han identificado conexiones entre el Tren de Aragua y el Primeiro Comando da Capital (PCC), la organización criminal más importante del país.
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«El Tren de Aragua controla la migración irregular, explotándola en los países por donde pasa, y así aprende de diferentes realidades criminales», explicó a BBC Mundo Pablo Zeballos, exagente de inteligencia de Carabineros de Chile, ahora consultor en crimen organizado.
«Es un modelo económico perfecto. Aunque perverso, es perfecto», recalcó Zeballos, que estudia dicha organización desde 2015.
Hasta EE.UU., siguiendo la migración
Los especialistas consultados por BBC Mundo reconocen que la llegada del Tren de Aragua a EE.UU., adonde se han desplazado casi un millón de venezolanos en los últimos años, era cuestión de tiempo.
«Comenzamos a detectar su presencia en 2021, pero había pocos reportes policiales. En 2022 aumentaron, y en 2023 aún más. Este año se dispararon», señaló Joseph Humire, del Center for a Secure Free Society (SFS), un think tank con sede en Washington especializado en seguridad nacional.
A inicios de 2024, funcionarios federales alertaron a las autoridades de Nueva York sobre la llegada de la pandilla, según expresó Joseph Kerry, jefe de detectives de la Policía de la ciudad, al diario The New York Times.
Según ese medio, de enero a julio de ese año la policía neoyorquina interrogó al menos a 30 personas, incluyendo miembros del grupo recluidos en la cárcel de máxima seguridad de la Isla Rikers.
También registró 24 miembros en su base de datos de organizaciones criminales, aunque se estima que la cifra es mayor. En la ciudad existen 496 pandillas según ese registro, con un total de 14.000 integrantes.
«Se trata de un pequeño grupo violento, y las identificaremos y aplicaremos las medidas habituales contra pandillas», declaró en julio el alcalde Eric Adams, rechazando que su ciudad se convierta en un refugio para el grupo.
«Son individuos malos y no representan a la comunidad de inmigrantes y solicitantes de asilo», enfatizó el demócrata y exoficial de policía, buscando contrarrestar el discurso conservador amplificado por Trump y medios derechistas.
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Las autoridades no han reportado solo incidentes en Nueva York relacionados con el Tren.
En Florida, Yurwin Salazar, inmigrante venezolano vinculado a la megapandilla según la policía de Miami, fue acusado de secuestrar y matar a un policía venezolano retirado.
En mayo, autoridades federales desarticularon una red de trata sexual que operaba en Luisiana, Texas, Virginia, Florida y Nueva Jersey, según informaron.
Las víctimas, mujeres venezolanas, eran obligadas a mantener relaciones sexuales para saldar deudas con traficantes que les facilitaron el cruce fronterizo, conforme a una denuncia presentada en un tribunal federal; modalidad común del Tren de Aragua, según investigadores.
Un memorando interno de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional, filtrado a diversos medios, identificó personas relacionadas con estos hechos en 16 estados.
Frente a la creciente presencia reportada en EE.UU., el gobierno de Joe Biden clasificó al Tren como «organización criminal transnacional» —junto a la Mara Salvatrucha de El Salvador y la Camorra italiana— y ofreció una recompensa de hasta US$12 millones por información que permita capturar a tres de sus líderes.
Un mes después, siete republicanos, encabezados por el entonces senador de Florida Marco Rubio, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado y futuro secretario de Estado en el gobierno Trump, enviaron una carta al fiscal Merrick Garland solicitando una estrategia coordinada para enfrentar a la pandilla.
En septiembre de 2024, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, catalogó al Tren como «amenaza de primer nivel», otorgando a la policía estatal mayor capacidad para perseguirlo y abriendo camino a penas más severas.
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Por su parte, Colorado formó un equipo compuesto por agentes municipales y federales para combatir específicamente al grupo.
Luego, con la llegada de Trump a la Casa Blanca, se procedió a declarar al TdA como «organización terrorista».
Una evolución «nunca antes vista»
Daniel Brunner, agente especial retirado del FBI especializado en grupos criminales, es uno de los investigadores en EE.UU. que estima que el TdA tendría presencia en al menos veinte estados.
No obstante, duda que exista una estructura organizada y un plan concreto de expansión.
«No creo que haya un plan maestro enviando células a distintos estados», explicó a BBC Mundo.
«Nadie en Venezuela o Colombia dijo: ‘Mandemos gente a Montana’. Los migrantes llegaron aquí porque hay empleo en construcción, y después llegaron miembros del Tren de Aragua», añadió, coincidiendo con otros expertos.
«Se extendió naturalmente siguiendo la migración venezolana, pues es la población que explota, al igual que la MS-13 se trasladó a Nueva Jersey, Carolina del Norte, Massachusetts o Boston, donde hay comunidades salvadoreñas a las que extorsiona», continuó.
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Cuando Brunner hace referencia a la Mara Salvatrucha, habla con conocimiento.
Pasó la mayoría de sus 20 años en el FBI investigando a esta pandilla que surgió enLos Ángeles en los años 80 y que se transformó cuando varios miembros fueron deportados a El Salvador, volviéndose un grupo terrorífico en Centroamérica.
Actualmente, Brunner ejerce como asesor de seguridad y fue uno de los tres agentes del FBI que se unieron a la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan (JTGV), creada en 2019 para coordinar esfuerzos interagenciales con el fin de erradicar la MS-13.
Al ser consultado sobre la comparación entre el Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña, no duda en responder.
«Aprende mucho más rápido», enfatiza. «Está tomando lo que hizo la MS-13 y también el Barrio 18 —pandilla rival de la Salvatrucha— o los Trinitarios, aprendiendo de sus errores, acumulando experiencia y aplicándola en sus crímenes», explica, coincidiendo con el exagente de Carabineros Pablo Zeballos.
Concuerda con él en que su desarrollo como organización transnacional ha sido inusualmente rápido.
«Mientras el PCC [Primer Comando de la Capital de Brasil] tardó 30 años en consolidarse, el Tren de Aragua lleva 10 años a lo sumo siendo lo que es», señaló Zeballos. «Si se analiza su nacimiento, es como un adolescente que ya actúa como adulto».
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El experto chileno Zeballos también resaltó la diversificación de sus actividades ilegales como otra característica distintiva.
«El Tren de Aragua se aprovecha de cualquier oportunidad en la economía ilícita», afirmó. «Si en un área decidieron controlar el reparto en motos, probablemente poseen todos los vehículos y cobran una cuota; además, en los momentos libres, los repartidores deben robar celulares para la organización», detalló.
«No creo que estructuras como el Cartel de Medellín se dedicaran a robar carteras como actividad complementaria, pero el TdA sí», continuó.
«Pueden dedicarse al narcotráfico —sobre todo con una droga sintética rosa en polvo, conocida como tusi, mezclada frecuentemente con ketamina, MDMA o fentanilo—, lucrarse con la migración, poseer minas de oro en Venezuela, y también robar bolsos y teléfonos», agregó.
Lo que queda por saber
Detectives y expertos en seguridad continúan intentando definir un perfil de sus operaciones, sus supuestas tácticas de reclutamiento —en albergues para migrantes o mediante grupos cerrados en WhatsApp—, su penetración en la vida social de las ciudades, esclarecer si están organizados en células y si estas mantienen coordinación entre sí o con otros grupos criminales.
También investigan si los presuntos miembros en EE.UU. reciben órdenes desde la dirección o envían recursos al exterior.
Por ello, algunos investigadores prefieren ser cautelosos al emitir conclusiones.
«Lo que hay que determinar es qué hacen realmente en Estados Unidos y cuál es su propósito, si realmente existe un plan de expansión, para así evaluar el riesgo real», apuntó Rísquez a BBC Mundo.
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Determinar esto no parece sencillo.
En parte, se debe a la falta de intercambio de información entre las autoridades estadounidenses y venezolanas, lo que impide verificar antecedentes delictivos en el país de origen.
«Como agentes federales, no tenemos manera de investigar a estas personas», comentó Chris Cabrera, vicepresidente del Consejo de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., en una conferencia en septiembre. «Si nos brindan un nombre, no podemos cotejarlo con ninguna base de datos».
Tampoco existen identificadores comunes. Los investigadores se fijan en ciertos tatuajes o en estilos particulares de vestimenta, aunque expertos advierten que también han sido adoptados por personas ajenas al mundo criminal.
Finalmente, el exagente del FBI Brunner menciona las dificultades que enfrenta la agencia para infiltrarse en las comunidades y ganarse su confianza, por falta de dominio del idioma, entre otros factores.
«Con el cambio de gobierno a Trump será aún más difícil», lamenta. «Porque todos (en las comunidades de migrantes y solicitantes de asilo) se encerrarán por temor a deportaciones y no hablarán con la policía, ni con Inmigración, ni señalarán a nadie como miembro del Tren de Aragua».
Para enfrentar esta organización, es necesario abordarla como un problema regional y aprender de las experiencias de países que la han enfrentado anteriormente, señaló Humire.
«EE.UU. debe fomentar la concienciación y luego comenzar a colaborar con países latinoamericanos y sus fuerzas de seguridad para entender cómo combatir esta pandilla», afirmó.
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Mientras tanto, muchos venezolanos solicitantes de asilo ya deben enfrentar el estigma.
Como Nelly, venezolana cuyo apellido se omite por seguridad, que huyó de su país por violencia de género y antes de llegar a EE.UU. vivió un tiempo con sus tres hijos en Perú.
«Allí ya había mucho rechazo hacia los venezolanos, nos acusaban de delincuentes. Decidimos partir tras un ataque en la pizzería donde trabajaba como encargada», rememora.
Tras atravesar ocho países por tierra, incluida la peligrosa selva del Darién entre Panamá y Colombia, y cruzar México en el tren de carga conocido como La Bestia, llegaron a Los Ángeles en enero.
Consiguió un apartamento mediante un programa de apoyo para mujeres migrantes con hijos, pero pronto deberá comenzar a pagar renta y gastos, y busca empleo.
«He empezado a decir que soy de otra nacionalidad, porque me dicen que no contratan venezolanos. Por unos pocos, pagamos todos», lamenta.