El Ejecutivo mantiene su postura firme respecto a un incremento fijo del 11% hasta 2028, pese a la oposición de los sindicatos. Se calcula que la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos ya alcanzó el 24%
Los empleados públicos en España aún desconocen cuál será el futuro de sus salarios hasta el año 2028. Este miércoles, el Gobierno y los sindicatos —CCOO, UGT y CSIF— retomarán las negociaciones con la intención de alcanzar un acuerdo que actualice las remuneraciones de más de tres millones de funcionarios en el país. El punto central será acordar la distribución de la subida del 11% propuesta por el Ejecutivo para el período 2025-2028, luego de que la reunión del lunes, que se extendió por más de cinco horas, terminara sin un consenso definido.
“Desafortunadamente, el Gobierno está intentando dar un parche, pero el deterioro del poder adquisitivo persiste y apenas se ha percibido hasta ahora”, señala a Infobae España Lorenzo Alberca, integrante del secretariado de STES-I, en referencia a los atrasos salariales acumulados en años recientes.
Pese a ello, el Ejecutivo sostiene su oferta inicial de un aumento salarial total del 11% para el conjunto de los años 2025-2028. Según esta, el incremento se repartiría como un 2,5% en 2025, 1,5% en 2026, 4% en 2027 y 3% en 2028. Asimismo, el Gobierno se comprometió a aprobar un Real Decreto-Ley antes de que finalice el mes para implementar en diciembre la primera subida correspondiente al 2,5% de 2025, con efecto retroactivo desde el 1 de enero.
La distribución del aumento: el factor clave para el poder adquisitivo
Alberca subraya que «ese 11% anunciado para cuatro años debe analizarse en función de cómo se reparte, porque ahí radica la dificultad». Para el sindicalista, el modo en que se aplican las alzas anuales es fundamental, ya que influye directamente en el salario real acumulado y, por ende, en el poder de compra de los funcionarios.
Cuando los ingresos no crecen al mismo ritmo que los precios, los españoles pierden hasta 1.200 euros de capacidad adquisitiva debido a la inflación.
El Ministerio de Función Pública insiste en que el aumento planificado será completamente fijo, sin componentes variables como en el acuerdo vigente entre 2022 y 2024. Este último pacto permitió elevar los sueldos en aproximadamente un 10%, implicando un gasto cercano a 13.000 millones de euros para el erario público.
El poder adquisitivo continúa disminuyendo
Uno de los principales focos de discrepancia radica en el límite del 4% para la subida combinada de salarios en 2025 y 2026. Los sindicatos valoran que estos incrementos resultan insuficientes, especialmente frente a la constante erosión del poder adquisitivo del personal público. “Actualmente enfrentamos un desfase del 24% en poder adquisitivo. Lo preocupante es que esta cifra es acumulativa: este año es 24%, el anterior 21% y el previo 19%. Esta brecha aumenta cada año”, explica Alberca.
El planteamiento del retraso en la actualización salarial de 2025, junto con la exigencia de un reparto equitativo para los cuatro años siguientes, serán el centro de la negociación prevista para este miércoles. Además, se debatirán posibles mejoras laborales adicionales, aunque los sindicatos advierten que, de mantenerse la propuesta vigente, podrían activar movilizaciones o convocar huelgas: “Si el 4% persiste para los dos primeros años, habrá que volver a salir a la calle”, advirtió CSIF tras la última reunión.
La inquietud sindical no se limita únicamente a la cantidad nominal del aumento. Alberca señala que la suma de recortes y retrasos salariales desde 2010 ha generado una brecha considerable frente a otros sectores. “Desde 2010, los salarios acordados en convenios colectivos han subido un 32%, mientras que los sueldos de los funcionarios crecieron apenas alrededor del 15%. Esto implica que los empleados públicos han quedado muy rezagados respecto a otros segmentos del mercado laboral”, detalla el secretario sindical.
Aspectos clave de la negociación: restablecer el poder adquisitivo y garantizar aumentos equitativos
Este miércoles será vital para tratar de cerrar un acuerdo que incluya tanto el adelanto de la subida de 2025 como una distribución justa del aumento hasta 2028. “La demanda principal es que los salarios se ajusten vinculados al IPC y que se compensen, en parte, los atrasos acumulados”, concluye Alberca, dejando en claro que los sindicatos continuarán ejerciendo presión para resarcir los años de pérdida de poder adquisitivo.
El desenlace de estas negociaciones tendrá un impacto directo no solamente para las finanzas de los empleados públicos, sino también para la política salarial de todo el sector público: desde comunidades autónomas y ayuntamientos hasta empresas estatales.