El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ratificado por unanimidad la idoneidad de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado.
Teresa Peramato tomará el relevo de Álvaro García Ortiz, quien renunció tras ser sentenciado por el Tribunal Supremo.
El CGPJ ha comprobado que Peramato cumple con los requisitos legales para ocupar el puesto, incluyendo la ausencia de cargos políticos en los últimos cinco años y una experiencia superior a quince años como jurista.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado esta mañana su ‘nihil obstat’ para el nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, tras la dimisión de Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo.
Para ello, se ha empleado la fórmula habitual del CGPJ que indica que la fiscal «dispone de los méritos y requisitos necesarios para ser designada en el cargo». Esta misma expresión se utilizó previamente en la elección de fiscales generales como Cándido Conde-Pumpido, María José Segarra, Julián Sánchez Melgar y José Manuel Maza.
Ambos bloques dentro del órgano de gobierno de los jueces alcanzaron rápidamente un acuerdo para respaldar a Peramato empleando los términos habituales, sin debatir sobre la aptitud de la candidata como ocurrió en otros casos, por ejemplo con Dolores Delgado o con el propio García Ortiz.
El CGPJ ha verificado, tras analizar el currículum, que la candidata propuesta por el Gobierno a iniciativa del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, cumple los requisitos formales del puesto: es una jurista española con reconocimiento profesional y posee más de quince años de ejercicio efectivo en su profesión.
También ha constatado el cumplimiento de la nueva condición legal incorporada en 2024 tras el acuerdo entre el PSOE y el PP en relación a la renovación del Consejo: no puede ser propuesto quien en los cinco años previos haya ocupado cargos como ministro, secretario de Estado o consejero autonómico. Asimismo, quedan excluidos quienes hayan sido presidentes de corporaciones locales, diputados, senadores o miembros del Parlamento Europeo o de asambleas autonómicas.
Peramato, fiscal de carrera desde 1990, no ha desempeñado funciones políticas.