Según la versión de la mujer, la violencia alcanzó un nivel tal que le provocó un aborto, requirió hospitalización y generó una situación de persecución constante que, en su opinión, ponía en riesgo su vida
La Audiencia Nacional ha rechazado la solicitud de asilo y la protección subsidiaria presentada por una ciudadana colombiana que denunció haber sido víctima de violencia de género y persecución en su país natal. Esta sentencia confirma la decisión previa emitida por el Ministerio del Interior, que había rechazado la petición de la mujer.
La solicitante argumentaba que su retorno a Colombia implicaba un peligro real para su vida, luego de haber sufrido agresiones y persecuciones por parte de su ex pareja. Demandaba una resolución que declarase ilegal la decisión administrativa y reconociera su solicitud de protección internacional, así como la imposición de costas a la Administración.
Colombia cuenta con recursos y mecanismos contra la violencia de género
En su demanda, relató que la violencia llegó a un punto donde provocó un aborto, requirió hospitalización y desencadenó una persecución constante que, según ella, ponía en peligro su vida. Manifestó que, tras estos hechos, buscó orientación y recibió asesoramiento tanto de la policía como de organizaciones humanitarias, incluyendo la Cruz Roja y el SAIER, lo que la llevó a solicitar protección internacional en España.
El expediente administrativo indica que la afectada reportó ante las autoridades colombianas dos episodios de amenazas, fechados el 13 de septiembre y el 19 de noviembre de 2018. Poco después de la última denuncia —específicamente el 26 de noviembre de 2018— abandonó el país y se desplazó a España. Estos datos fueron relevantes para la Administración, que consideró que no había indicios suficientes para afirmar que el Estado colombiano hubiera actuado con inacción o indiferencia frente a las denuncias, dada la proximidad en el tiempo entre dichas denuncias y su salida del territorio.
La resolución administrativa recurrida incluyó, además, un análisis del contexto institucional y normativo en Colombia respecto a la violencia de género. Según ese informe, el país contaba con medidas legales, recursos institucionales y mecanismos de protección dirigidos a casos como el de la solicitante, y no existían elementos que indicaran que las autoridades toleraran o promovieran conductas violentas contra las mujeres. En consecuencia, se concluyó que la mujer habría podido acceder a una protección efectiva en su país frente a las agresiones atribuidas a su expareja, un “actor no estatal”.
Estos hechos llevaron al Ministerio del Interior a denegar tanto el derecho de asilo como la protección subsidiaria, considerando que no había pruebas suficientes de persecución por motivos de género ni un riesgo real de sufrir daños graves en caso de retorno.
Rechazo del derecho de asilo
Recientemente, la Audiencia Nacional ha finalizado el proceso confirmando en su totalidad la resolución adoptada por el Ministerio del Interior. En su fallo definitivo, el tribunal ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por la víctima y ha ratificado el rechazo tanto del derecho de asilo como de la protección subsidiaria solicitada. La Sala consideró que no se cumplían los requisitos establecidos por la legislación española y europea para conceder algún tipo de protección internacional.
Además, el tribunal impuso a la recurrente el pago de las costas judiciales, estableciendo un límite máximo de 1.000 euros, tal y como lo permite la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con esta resolución, la Audiencia Nacional cerró el litigio, ordenó la inscripción de la sentencia en el libro correspondiente y dispuso la remisión del testimonio y del expediente administrativo al órgano originario.
* En caso de necesidad, se puede acudir al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público implementado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, disponible las 24 horas del día, donde profesionales especializadas brindan atención en 53 idiomas garantizando la confidencialidad. También es posible comunicarse por WhatsApp al número 600 000 016 y vía correo electrónico en [email protected]. Si es menor de edad y se sospecha que alguien del entorno sufre violencia de género, se puede llamar a ANAR al 900 20 20 10.