El aumento del efectivo en los hogares jóvenes refleja una percepción de vulnerabilidad frente a fallos en los servicios y el creciente control sobre los pagos digitales
El apagón general ocurrido en España el 28 de abril pasado generó una gran incertidumbre sobre las acciones posibles en ausencia de electricidad. De acuerdo con el V Barómetro sobre la necesidad de mantener dinero en efectivo, elaborado por GAD3 y Denaria, el 47% de los jóvenes entre 18 y 29 años declara guardar una mayor cantidad de efectivo en su domicilio desde aquel evento. Esta generación, por lo general, no acostumbraba a portar dinero físico.
Este incremento se diferencia de otros segmentos etarios, ubicándose en el 42% para adultos de 30 a 44 años, en el 30% para personas de 45 a 59 años, y solo en el 26% para quienes superan los 60 años. En términos globales, uno de cada tres españoles (35%) admite tener más efectivo en casa que antes del apagón. La encuesta, aplicada a aproximadamente 1.000 individuos a finales de septiembre, brinda una perspectiva después de varios meses del suceso.
La percepción del efectivo como recurso esencial
Los resultados indican que ocho de cada diez encuestados continúan valorando el efectivo como un medio de pago “indispensable” y que un 79% lo ve como un bien público. Sin embargo, el 59% considera que su uso se ha vuelto más complicado en el último año. Entre los principales inconvenientes, los participantes mencionan el cierre de sucursales bancarias y cajeros automáticos (52%), la negativa de algunas Administraciones Públicas a aceptar pagos en efectivo (39%) y las comisiones aplicadas (43%). También se resaltan problemas como el límite de 1.000 euros para pagos en efectivo (32%) y la prohibición de pagar el alquiler en metálico según la nueva Ley de Vivienda (31%).
Denaria interpreta estos datos como un reflejo de que, “aunque la mayoría de los españoles sigue usando y valorando el dinero en efectivo, el entorno para acceder y utilizarlo se está reduciendo paulatinamente”. La plataforma subraya que la dificultad no reside en una menor preferencia por el efectivo, sino en “el empeoramiento de las condiciones que permiten su disponibilidad”.
Además, sólo el 43% de los españoles sabe que todos los establecimientos están legalmente obligados a aceptar efectivo, cifra que ha descendido 30 puntos desde 2022. Este desconocimiento es “aún más pronunciado” entre mayores de 65 años (38%) y personas con bajos ingresos (30%), grupos especialmente dependientes del dinero físico. “Estos datos evidencian que la defensa del efectivo no solo requiere garantizar su vigencia legal, sino también mantener su accesibilidad real y diaria”, alerta Denaria.
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Efectivo y resiliencia financiera
La encuesta revela que el 93% de los consultados defiende que asegurar el pago en efectivo debe continuar siendo obligatorio, y que el 88% de quienes utilizan principalmente tarjeta reconoce su utilidad en situaciones de emergencia. Cerca de ocho de cada diez personas opinan que el efectivo favorece la autonomía financiera en tiempos de crisis y debería impulsarse como medida de resiliencia. En este contexto, el 15% ubica el efectivo como el segundo recurso más relevante ante una situación crítica, solo superado por el agua y alimentos básicos (60%), y por delante de la salud y medicamentos (11%) o la energía y la iluminación (6%).
El estudio también indica que tres de cada cuatro españoles consideran que el dinero físico sigue siendo esencial en su vida diaria, alcanzando su punto más alto desde 2021. Su uso está especialmente concentrado en personas con ingresos bajos y mayores, mientras que quienes tienen ingresos altos prefieren la tarjeta. Además, el 74% valora el efectivo como el método de pago que mejor protege la privacidad y la seguridad frente a fraudes o ataques cibernéticos, y el 75% lo considera democrático.
En relación con los pagos digitales y el euro digital, el 82% de los consultados teme la filtración de datos personales, mientras que el 77% teme que se conozca su saldo y el 72% teme que se rastree su ubicación. En cuanto al euro digital, el 56% afirma no tener conocimiento sobre él, mientras que un 80% cree que incrementará el control gubernamental sobre los pagos.