El consenso que sirvió de base a la Constitución comenzó a resquebrajarse tras la llegada de Zapatero al Ejecutivo. El pacto de la Transición fue cuestionado y, con la irrupción de Podemos, la izquierda, incluyendo al PSOE, empezó a referirse al «régimen del 78»
Con casi cincuenta años de vigencia, la Constitución, resultado de un complejo proceso político que transitó de una dictadura a una democracia, hoy suma en el Parlamento casi tantos adversarios y críticos como defensores. El respaldo social también se ha debilitado respecto a comienzos de siglo, especialmente entre las nuevas generaciones que perciben lejano el mito colectivo de la Transición, relato fundacional de la democracia española. Lo que antes constituía un terreno común ahora se presenta como un campo en disputa. El impulso actual para derribar lo que se denomina peyorativamente «régimen del 78», introducido por Podemos y adoptado luego por el sanchismo, está reflejado en las agendas de diversos grupos políticos con ideologías teóricamente divergentes. En este empeño coinciden la extrema izquierda de Sumar y Podemos, el PSOE, la derecha radical de Vox y una amplia gama de nacionalismos periféricos. Todos ellos, dejando de lado diferencias que antes parecían insalvables, se unen en desacreditar el relato de la Transición como un punto de encuentro histórico, esa confirmación colectiva de que una democracia tras Franco era viable, con el objetivo de debilitar la arquitectura constitucional vigente.
El Gobierno y sus socios nacionalistas impulsan un proyecto plurinacional con tintes confederales, mientras que, en el otro extremo, Vox defiende un modelo estatal centralista que propone la reversión de competencias autonómicas. Motivos distintos y direcciones opuestas, pero con un mismo resultado político: la ruptura del consenso del 78. Esta ofensiva política y cultural contra el 78, que incluye la deslegitimación de la Transición —una de las dos etapas más significativas de la historia española en el siglo XX junto a la Guerra Civil—, tiene sus raíces en múltiples factores y protagonistas: los numerosos casos de corrupción del PP y PSOE; la abdicación del Rey Juan Carlos; el enfrentamiento con el nacionalismo catalán a partir de la crisis del Estatut y el procés, que supuso el fin del pragmatismo pujolista; así como el desencanto hacia las dos principales fuerzas del bipartidismo tras la crisis de 2008 y la emergencia de los «indignados», manifestado en las plazas del 15-M y el crecimiento de Podemos y Ciudadanos. Dos partidos que aparentaban renovar el antiguo sistema, pero que finalmente fomentaron el desencanto de la última generación del baby boom.
Unos años antes del auge y declive de Ciudadanos y Podemos, uno de los hitos que desmitificaron la Transición fue la presidencia de Zapatero y la Ley de Memoria Histórica, que reavivó el debate sobre la Guerra Civil y puso en entredicho los consensos del 78. Bajo Zapatero, el PSOE reconoció que el pacto constitucional no había cerrado totalmente las heridas del conflicto y que era necesario restaurar la dignidad de los olvidados durante la Guerra Civil y la dictadura, abordando temas como la exhumación de fosas comunes. Esta postura fue profundizada posteriormente por Iglesias, rompiendo con el legado de Santiago Carrillo y del PCE, y finalmente adoptada por Sánchez.
«El consenso sobre la democracia se quiebra en la etapa de Zapatero y la memoria histórica, porque se comienza a plantear que la democracia no procede de la Constitución, sino de la República. Es una idea defendida por Iglesias y Monedero en la Complutense, asumida por parte del PSOE. Se sostiene que la Transición fue un pacto elitista que traicionó al pueblo, por lo tanto nuestra democracia no es plena», explica Ignacio Urquizu, exdiputado del PSOE y profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid.
El jurista y articulista Juan José Burniol sostiene que con Zapatero se abandona el espíritu reconciliador del 78, dando paso a una revancha histórica. «Sigue el patrón del movimiento que desde 1930 condujo al Frente Popular de 1936: inicialmente, firmando un nuevo Pacto de San Sebastián, esta vez con la izquierda radical-populista, los separatistas catalanes y vascos tanto de derechas como de izquierdas y con todas las demás facciones. En segundo lugar, implementando un proyecto plurinacional en tres fases y un epílogo: negar a España como nación y enfatizar la plurinacionalidad del Estado; establecer relaciones bilaterales o singulares entre las ‘naciones históricas’ y el Estado central; y la transformación constitucional hacia una estructura confederal, facilitada por el Tribunal Constitucional».
Por su parte, el filósofo José Luis Pardo considera que en Zapatero convergen las posturas contra el 78 tanto de la extrema izquierda —que jamás reconoció la legitimidad de la Transición— como de los nacionalismos periféricos. «Con la promulgación de la Constitución, la mayoría de los españoles entendió no solo que era posible una democracia en España, sino que ya era creíble cuando parecía increíble. A partir de entonces, solo una minoría mantuvo que esa imagen de España era inverosímil», señala.
En contraste, el periodista Gregorio Morán, autor de El precio de la Transición (1991) y Adolfo Suárez, historia de una ambición (1979), entre otros textos, ofrece una visión crítica sobre el pacto del 78. «La invención del espíritu de la Transición parte de una idea curiosa: la desaparición de la clase política que la protagonizó. Ocurrió como tras un meteorito. Apenas quedó nada sin que se percibiera. Los nietos de la Guerra Civil —o mejor dicho, de la larga posguerra— fueron implacables. Víctimas dominadas por una Transición que no les ofrecía más que lo que ya tenían; las libertades democráticas no bastaban, y la obstinación de sus mayores en no ceder y en caer en la corrupción facilitó el paso a otra etapa», afirma. Morán sostiene que uno de los problemas de la Transición, y que condiciona la política española actual, es que «no logró edificar una sociedad civil digna de tal nombre; de ahí vienen desde la vulnerabilidad de los medios de comunicación hasta el hecho histórico relevante de que nadie dimita por incompetencia, corrupción o falta de dignidad, y que la vía judicial se convierta en el único recurso con alcance insólito».
Si el nacionalismo catalán tuvo un papel clave en la redacción constitucional —con la participación de Miquel Roca y Jordi Solé Tura— y si el pujolismo sirvió de comodín en la gobernabilidad, alternando pactos con PSOE y PP, el proceso independentista rompió esta tradición, transformando a Cataluña en un foco de crisis territorial sostenida que obstruye el funcionamiento normal del Estado. José Luis Pardo va más allá y afirma que el acuerdo de Sánchez con Puigdemont y la Ley de Amnistía posterior representan un punto y final: «Así como la amnistía de 1977 marcó el verdadero inicio de la Transición, la de 2024 representa su reversión oficial. La Constitución ha perdido parte de su función».
Además de los enemigos explícitos de la Constitución, existen otras deslealtades que minan la democracia española. Así lo apunta el jurista Tomás de la Quadra, exministro del PSOE y expresidente del Consejo de Estado. «El clima de populismo es alimentado por responsables políticos que, aunque sinceramente leales a la Constitución, anulan esa lealtad ante la ciudadanía. Lo hacen cuando actúan como si entendieran la democracia como la continuidad de la Guerra Civil por otros medios, y cuando en el debate público exhiben una ferocidad extrema, atribuyendo a sus adversarios las mayores maldades, traiciones e iniquidades, sin reconocer ningún aspecto positivo», lamenta.
En este contexto, con un Gobierno decidido a transformar el Estado hacia un modelo confederal, surge la pregunta sobre si la Constitución está abocada a una reforma inevitable o si aún mantiene su vigencia. El expresidente José María Aznar sostiene que sigue siendo un punto de encuentro: «Más que haber olvidado cómo acordar, hemos olvidado cómo discrepar de manera constructiva. La Constitución lo permite. Como marco para la unidad, convierte a las facciones enfrentadas en participantes de un debate sobre cómo avanzar juntos».
La cuestión no es solo jurídica o histórica, sino también política y cultural: si España seguirá identificándose con un relato compartido o si la lucha por el pasado terminará definiendo, de forma irreversible, el porvenir de su democracia.