La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha comunicado que el Gobierno central ha trasladado a Andalucía y dejado bajo su cuidado a casi 700 menores migrantes.
De acuerdo con fuentes del departamento liderado por Loles López, esos traslados, por tratarse de menores, serían considerados «ilegales». Por ello, han llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la Justicia.
El Gobierno andaluz argumenta que el Ejecutivo central mueve a migrantes mayores de edad junto con menores. Así, al llegar a Andalucía y realizar la verificación de edad, se tiene que prestar atención a quienes son identificados como menores.
Según acusó el jueves Loles López, el Gobierno central ha introducido «por la puerta trasera» de la comunidad hasta 697 migrantes menores, los cuales debe atender la Junta de Andalucía.
Además, desde el Gobierno andaluz indican a EL ESPAÑOL que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no reconoce» a estos individuos como menores, razón por la cual tampoco proporciona fondos para su manutención.
«Camuflados»
La consejera de Igualdad criticó que los menores arriban a Andalucía «camuflados» como adultos. Frente a una pregunta del grupo Vox en el Parlamento andaluz, la consejera declaró que el Gobierno tampoco admite que está trasladando a esos menores.
Desde su departamento señalan que, de reconocerse por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez el traslado de menores desde Canarias al resto de España, estarían admitiendo un delito; por eso no lo harán.
De este modo, la consejera de Igualdad, encargada de la gestión de menores migrantes —no de adultos, responsabilidad del Gobierno central—, ha alertado que el Sistema de Protección de Menores en Andalucía «lleva meses en riesgo» debido a las políticas migratorias del Gobierno español, «negociadas directamente con un prófugo de la Justicia».
«Al Ejecutivo le importa poco poner en peligro la protección y atención de los niños; solo prioriza el interés político», lamentaba hace meses la consejera de Inclusión Social.
Esta coyuntura llevó a la Junta a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, que establece la redistribución de menores migrantes entre comunidades, al considerar que el Gobierno central ha incurrido en una «invasión de competencias«.
El Ejecutivo fijó esa distribución «sin diálogo ni negociación» con las comunidades autónomas, que, según la Junta, «son las realmente afectadas». «Andalucía es una región solidaria y hospitalaria, pero no puede hacerse cargo de menores arbitrariamente y, sobre todo, sin contar con los recursos económicos adecuados para brindarles la atención que merecen».
La finalidad de Andalucía es «asegurar una atención digna y de calidad tanto a los menores que serán trasladados como a los que ya integran el sistema de protección andaluz, evitando que decisiones impuestas sin los recursos adecuados los perjudiquen».
Desde la Junta explican que la normativa estatal modifica la Ley Orgánica 4/2000 relativa a derechos y libertades de los extranjeros en España, introduciendo una nueva regulación sobre la situación de menores extranjeros no acompañados, sus posibles traslados entre comunidades y los procedimientos para casos migratorios excepcionales.
El Gobierno andaluz «cuestiona» la alegada situación de «extraordinaria y urgente necesidad» que justifica la aprobación de este real decreto.
Asimismo, sostiene que, «aunque la crisis migratoria lleva más de un año activa, existen mecanismos legales previos, incluyendo el Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias para Infancia y Adolescencia no acompañada aprobado en 2022«, lo que provoca que «la urgencia para modificar la Ley Orgánica 4/2000 no esté debidamente fundamentada».
La Junta de Andalucía opina también que el texto aprobado «excede las competencias estatales e invade las atribuciones exclusivas de la comunidad autónoma en protección de menores, vulnerando los principios de autonomía y solidaridad regional, al imponer criterios de reparto inequitativos».
Además, el Gobierno andaluz «pone en duda la suficiencia financiera del mecanismo diseñado para compensar a las comunidades autónomas por los costes derivados de la sobreocupación causada por menores extranjeros no acompañados, dado que establece la creación del fondo sin regularlo, generando inseguridad jurídica contraria a lo previsto en la Constitución Española».
Con la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional, la Junta de Andalucía «defiende su autonomía competencial y exige un trato justo para todas las comunidades del Estado español».
Además, destaca la urgencia de «preservar la dignidad de los menores y garantizar sus derechos», expresando su «total rechazo a que sean tratados como mercancía al servicio de intereses políticos».