El pacto de la moción de censura con el PNV es desacreditado: «Lo que se presentó como un acuerdo para erradicar la corrupción resultó ser un convenio para sancionarla institucionalmente»
El impacto político provocado por el informe de la UCO sobre Santos Cerdán lleva al PP a concluir que la Guardia Civil ha «corroborado» la existencia de una red corrupta en el núcleo central de la cúpula del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez, situación que obliga al presidente a «presentar su dimisión de manera inmediata». Según el partido, «los dos colaboradores más cercanos de Pedro Sánchez recibían comisiones ilegales por adjudicaciones de obras públicas del Estado».
Para la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, la investigación policial cuestiona la legitimidad del mandato de Sánchez como presidente durante la moción de censura, dado que la UCO sugiere que el PNV le exigió nombramientos en puestos estratégicos del Ejecutivo vinculados a las adjudicaciones de esas obras. «Lo que se vendió como un pacto interpartidario para eliminar la corrupción fue en realidad un convenio para institucionalizarla, y lo cierto es que los principales colaboradores de Pedro Sánchez se enriquecieron con ello», denuncia.
«Asimismo, Antxon Alonso, el socio de Cerdán que acordó con Bildu y PNV su respaldo a la moción de censura y que, al igual que Aldama o Carmen Pano, fue recibido con honores en Ferraz. Todos los que prometían comisiones ilegales tenían las puertas abiertas en el PSOE», añade Gamarra, refiriéndose a la persona que compartía con Cerdán la propiedad de Servinabar, la empresa central en los supuestos amaños de la red.
Desde la dirección del PP, las conclusiones sobre las maniobras de la red integrada por Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García —siendo los dos primeros exresponsables de la Secretaría de Organización del PSOE durante la etapa de Sánchez— ponen en jaque al máximo responsable de sus nombramientos. «La única salida para Sánchez y poner fin a esta crisis es colaborar sinceramente con la justicia y presentar su dimisión sin demora», sostienen en declaraciones suministradas por Génova.
El PP resalta que el informe de la UCO indica también que Santos Cerdán mantuvo encuentros con el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, para asegurar otros nombramientos fundamentales para la red después de las elecciones generales de 2023. «El Clan del Peugeot continuó operando con total impunidad dentro del Gobierno de Sánchez hasta la detención de Koldo», señala el partido.
«En aquel momento», referido a la detención del brazo derecho de Ábalos, «la esposa de Cerdán transmitió a Antxon Alonso su alivio, ya que solo se conocían las detenciones de Koldo y Ábalos», explica.
Desde el otro extremo ideológico, Podemos manifiesta su «preocupación» ante los claros indicios de la existencia de una red corrupta en el PSOE, en la que a través de Acciona se habrían obtenido adjudicaciones públicas a cambio del pago de comisiones a Servinabar.
Fuentes de la formación liderada por Ione Belarra consideran que Servinabar funcionaría como una empresa «pantalla», destinada a recibir pagos irregulares de Acciona y canalizarlos a los beneficiarios de la red, donde figura el exsecretario de Organización socialista. Dado que para ese esquema se requiere la implicación de cargos públicos para influir en las adjudicaciones, los morados exigen revisar las licitaciones «sospechosas» y que se establezcan responsabilidades.
Como primeras acciones, y a la espera de que avance la instrucción, Podemos reclama al PSOE que suspenda los contratos con las «empresas corruptoras», que colabore plenamente con la justicia y que explique «cómo pudo operar la red de Cerdán, Ábalos y Koldo sin que, supuestamente, nadie más se percatara».