Las redes dedicadas al tráfico de personas han cobrado otra víctima. Un hombre argelino de 28 años falleció a 55 millas de la costa de Cartagena, después de haber invertido una considerable suma para cruzar en patera la llamada ruta argelina.
El trayecto se complicó este jueves y la patera tuvo que ser auxiliada por un barco mercante. En efecto, esta embarcación fue la encargada de contactar con Salvamento Marítimo tras reportar que viajaba «con una embarcación abarloada», amarrada paralelamente a su costado, transportando a un grupo numeroso de pasajeros inmigrantes en situación irregular.
A las 17 horas de este jueves, se movilizó rápidamente la Salvamar Draco, que rescató a 17 varones adultos originarios de Argelia. La Delegación del Gobierno confirmó que «se recuperó el cuerpo sin vida de otro hombre que flotaba en el mar y que los propios ocupantes informaron había caído al agua».
Tres horas después, la Salvamar Draco arribó al puerto de Cartagena, donde los inmigrantes recibieron atención por parte de Cruz Roja. En el muelle, miembros de Frontex y de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional se desplegaron para iniciar una investigación con el fin de determinar si entre los supervivientes se encontraba el patrón de la patera o alguna persona vinculada a la mafia que organizó este viaje, que terminó con una víctima mortal.
En lo que va del año, según datos de la Policía Nacional, «la Región de Murcia ha recibido ya 111 pateras con cerca de 1.800 inmigrantes durante 2025«. Esta cifra supera la del primer semestre del 2024, cuando entre enero y agosto se contabilizaron 1.080 inmigrantes en situación irregular.
El Ministerio del Interior no confirma ni desmiente esta información, indicando únicamente que no dispone aún de datos segmentados por comunidades autónomas: «A final de año se realiza un balance global más detallado por territorio».
La fuente policial consultada por EL ESPAÑOL detalla que estas personas abonan sumas elevadas en sus países de origen para obtener un lugar en un viaje peligroso en mar abierto, extenuante: «En una patera, lo habitual es pagar entre 1.000 y 2.800 euros, pero en lo que denominan taxi bout, el coste se duplica hasta 6.000 euros, debido a que el trayecto es mucho más rápido».
Convivir sin Racismo señala que desde 2023, las llegadas de pateras por la ruta argelina a Murcia se han reducido notablemente, ya que cambiaron dirección hacia las Islas Baleares. Esta ONG estima que entre enero y finales de agosto de 2025 han arribado aproximadamente 700 personas a la comunidad murciana.
Sin embargo, el drama persiste, como evidencia la muerte del joven argelino (nacido en 1998) a decenas de millas de la costa de Cartagena. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha emitido un comunicado lamentando que esta realidad «a pesar de ser frecuente, sigue siendo preocupante«.
La gestión de este caso de inmigración irregular también ha revelado que la llegada de los 17 supervivientes al puerto se coordinó «sin ningún mando disponible en la Comisaría de Cartagena». «La recepción, traslado e ingreso de los inmigrantes estuvo a cargo de un agente de escala básica, quien enfrentó la responsabilidad orgánica de la situación, con un fallecido de por medio».
Reunión con el delegado
Esta circunstancia ha llevado a la organización profesional a solicitar una reunión con el delegado del Gobierno, el socialista Francisco Lucas, para analizar los hechos ocurridos el jueves en el puerto y la gestión actual de la segunda comisaría de Policía Nacional más relevante de la Región de Murcia.
“Durante la tarde del jueves, y sin ningún mando a quien recurrir debido a que muchos disfrutan de turnos flexibles, como se denunció previamente, con 2 días de trabajo por 10 de descanso, se fueron sucediendo los servicios y las incidencias típicas de una comisaría con más de 300 policías, las cuales fueron resueltas eficazmente por el agente más experimentado de servicio”.
“Esta situación, que debería ser excepcional en un cuerpo jerarquizado, es el día a día en la Comisaría de Cartagena, donde muchas veces los asuntos se resuelven vía telefónica por mandos desde sus hogares, mientras que los agentes de escalas inferiores asumen responsabilidades que no les corresponden”.