Las sanciones por no cumplir la norma oscilan entre los 45 y los 49.180 euros, según la gravedad de la infracción
Aunque la página web Prevención 10 del Ministerio de Trabajo estuvo fuera de servicio durante toda la tarde del jueves debido a un “ataque malicioso”, este viernes 14 de noviembre entra en vigor oficialmente la obligación de realizar una evaluación de riesgos laborales para todas las personas empleadas del hogar en España. Se trata de una medida histórica que pretende homologar la protección de este grupo con la del resto de los trabajadores. El Real Decreto 893/2024, firmado el 10 de septiembre, representa un cambio profundo en la regulación del trabajo doméstico.
Por primera vez, las familias que emplean deben identificar, evaluar y documentar los riesgos laborales a los que están expuestas las personas trabajadoras del hogar, no solo contemplando accidentes domésticos o riesgos físicos, sino también aspectos psicosociales como violencia o acoso.
Una medida que transforma la relación laboral en el ámbito doméstico
El objetivo es “garantizar una protección efectiva para las personas trabajadoras del servicio del hogar familiar”, tal como establece la normativa, que cumple con la disposición adicional 18ª de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Desde hoy, cualquier contratación debe estar acompañada por una ficha de evaluación inicial que se entrega al trabajador o trabajadora junto con información detallada sobre las medidas preventivas implementadas.
Si la evaluación identifica riesgos, el empleador está obligado a adoptar las medidas necesarias para eliminarlos o reducirlos. Esto puede incluir, por ejemplo, proporcionar equipos de protección individual (EPI), sustituir productos de limpieza o modificar tareas durante un embarazo. Además, se debe dejar constancia escrita de las acciones tomadas.
La normativa también indica que las evaluaciones deben actualizarse cada vez que cambien las condiciones laborales o se produzca algún accidente o incidente. Asimismo, se contempla que las trabajadoras reciban formación en prevención de riesgos, certificada por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), que será válida en futuros empleos domésticos.
Cómo realizar la evaluación: guía práctica paso a paso
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha puesto a disposición una herramienta gratuita y fácil de usar en línea, accesible desde el portal prevencion10.es. Los empleadores pueden realizar la evaluación inicial a través de esta aplicación, que se desarrolla mediante pasos sencillos:
- Acceder a la herramienta en la web y seleccionar la opción “Servicio del Hogar Familiar”.
- Descripción de tareas: escoger las actividades que desempeña la persona trabajadora, como limpieza, cocina, planchado, cuidado de menores o personas mayores, entre otras.
- Identificación de riesgos: el sistema realiza preguntas relacionadas con riesgos físicos (caídas, cortes), químicos (productos de limpieza), biológicos (contacto con residuos) y psicosociales (aislamiento, estrés o acoso).
- Propuestas de prevención: la aplicación ofrece recomendaciones y medidas correctoras específicas para cada caso.
- Documento final: se genera un informe que debe ser firmado y entregado a la trabajadora, informándole de los riesgos identificados y las medidas adoptadas.
- Revisión periódica: la evaluación debe repetirse en caso de modificaciones en las tareas, el entorno laboral o tras un accidente.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y líder de Sumar, defiende la jubilación a los 65 años para ciertas profesiones: «No es justo que una persona que está en un andamio trabaje a los 65 o a los 67».
Ante el incumplimiento, la Inspección de Trabajo puede imponer sanciones económicas; las infracciones leves pueden ocasionar multas que van de 45 a 2.450 euros, mientras que las sanciones graves oscilan entre 2.451 y 49.180 euros, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.
Un sector clave que sigue siendo vulnerable
La implementación de esta obligación supone un cambio significativo para un sector que aún muestra signos de precariedad. Según cifras de la Seguridad Social, actualmente existen alrededor de 340.000 personas afiliadas al Sistema Especial de Empleados del Hogar. No obstante, un estudio de Oxfam Intermón eleva esta cifra hasta 565.000 trabajadores, indicando que aproximadamente una de cada tres personas ejerce en la economía sumergida, sin contrato ni derechos laborales plenos.
El perfil predominante es el de mujer extranjera, que representa el 87% de este colectivo. Su salario promedio es de unos 1.100 euros mensuales por una jornada completa, equivalente al salario mínimo, y un 38% manifiesta dificultades para cubrir los gastos básicos.
El Ministerio de Trabajo sitúa esta nueva obligación dentro de una política más amplia destinada a dignificar el empleo doméstico. En años recientes, el Gobierno ha impulsado medidas como la cotización obligatoria desde la primera hora de trabajo, la cobertura por desempleo y la ratificación en 2022 del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente para las trabajadoras domésticas.