Antes del 19 de marzo de 2026, deberán trasladar desde Canarias a otros 2.000 niños y adolescentes para reubicarlos en la Península.
El Gobierno está trabajando para garantizar que todos los menores migrantes que han solicitado asilo tras su llegada a Canarias sean incorporados al sistema de protección internacional y tengan asignada una plaza de acogida antes del 21 de noviembre, fecha límite establecida por el Tribunal Supremo.
Fuentes del Ministerio de Política Territorial han señalado que ese viernes finalizan los 15 días «inaplazables» otorgados por el Supremo al Estado para proteger a estos menores y eliminar la situación de «apiñamiento» que padecen en Canarias, comunidad que ha llegado a albergar en sus centros casi 6.000 niños y adolescentes africanos.
En su primera resolución sobre este tema, emitida el 25 de marzo (ya son tres en total), el Supremo estableció que el Estado debía hacerse responsable de la protección de un millar de menores que habían solicitado asilo o refugio desde Canarias o cumplían con las condiciones para hacerlo (por ejemplo, aquellos provenientes de Mali, país en conflicto bélico).
Hasta la fecha, se han gestionado y cerrado 546 casos: 224 de ellos han sido trasladados a centros en la Península, 186 permanecen en el Canarias 50 (centro temporal en Las Palmas de Gran Canaria bajo administración estatal) y cerca de cien han quedado fuera de esta vía por haber alcanzado la mayoría de edad o porque la Fiscalía (o los propios menores) han argumentado arraigo para continuar en las islas.
«Quedan aproximadamente 200 menores por reubicar», puntualizan las fuentes, que aseguran que la cifra inicial de mil ha disminuido debido a expedientes y solicitudes duplicadas.
El 21 de noviembre, el Gobierno tendrá que informar al Supremo sobre el cumplimiento de las órdenes emitidas en las medidas cautelares, lo que implica no solo la inscripción de los menores en el sistema de protección internacional, sino también la asignación efectiva de una plaza en un recurso de acogida adecuado.
Estos niños y adolescentes continuarán bajo la tutela legal de Canarias hasta cumplir los 18 años, aunque residan en otra comunidad, pues los autos del Supremo no abordan esta cuestión.
Además, la Abogacía del Estado no prevé que el tribunal se pronuncie sobre este detalle al resolver el fondo del litigio: determinar si corresponde al Gobierno central la tutela de los menores solicitantes de asilo, como ya ha dictaminado provisionalmente que ocurre con los adultos que requieren protección internacional.
Por otro lado, la tutela legal sí se transfiere a la comunidad de destino en los dos procedimientos de traslado establecidos por la reforma de la Ley de Extranjería: la vía exprés de 15 días para llegadas a Canarias, Ceuta y Melilla desde agosto, y la vía ordinaria para quienes ya estaban en estos territorios con anterioridad.
Sumando ambas vías, la Delegación del Gobierno en Canarias ha autorizado 141 traslados a otras comunidades autónomas. No obstante, el Ejecutivo de Fernando Clavijo sostiene que, en la práctica, solo han salido de las islas 40 menores: 15 mediante la vía exprés y 24 vía ordinaria.
Los plazos también son urgentes en este aspecto, dado que la Ley de Extranjería establece un máximo de cuatro meses para resolver la situación de las comunidades declaradas en contingencia migratoria, por haber acogido más del triple de menores que les correspondería según sus cupos de capacidad ordinaria.
Este plazo finaliza el 19 de marzo de 2026 y, para Canarias, implica reubicar aproximadamente a 2.800 menores. De esa cifra, si se descuenta a los niños que han recibido asilo, quedarían por trasladar a otras comunidades autónomas cerca de 2.000 niños y adolescentes.
«A estas alturas, deberíamos contar con todos los expedientes necesarios para proceder a su resolución, pero el Gobierno de Canarias solo ha remitido 407», señalan las fuentes, que instan al Ejecutivo de Fernando Clavijo: «En el último mes se han resuelto 107 traslados. Al ritmo de 107 al mes, no se alcanzará el objetivo, y así no se cumplirá el plazo de marzo».
Asimismo, las fuentes recuerdan que varias comunidades autónomas han recurrido ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Extranjería que autoriza estos traslados, y algunas han solicitado a los tribunales contencioso-administrativos la suspensión cautelar de casos específicos.
En todos los casos, agregan, la respuesta judicial ha sido no impedir el traslado, salvo en un caso relacionado con un joven que estaba a pocos días de cumplir los 18 años.