El Senado ha aprobado una reforma completa de su Reglamento con el propósito de reforzar el control sobre el Gobierno, estableciendo que un representante del Ejecutivo deba comparecer semestralmente ante la Comisión Constitucional.
Esta actualización moderniza más de 100 artículos, instaura dos nuevas comisiones especializadas (Entidades Locales y Vigilancia de las contrataciones) y limita la duración de las intervenciones de los ministros durante sus comparecencias.
El nuevo Reglamento otorga a la Mesa del Senado la facultad de rechazar vetos gubernamentales a proposiciones de ley cuando los argumentos presupuestarios no estén justificados, además de ampliar la transparencia exigiendo la publicación completa de las rentas e intereses económicos de los senadores.
El Partido Popular promueve esta reforma con el fin de fortalecer las instituciones y restaurar al Senado su función de control democrático frente a lo que percibe como abusos del Ejecutivo socialista.
El Senado procederá a aprobar una reforma integral de su Reglamento, en la que el Partido Popular persigue consolidar el control sobre el Gobierno, que según señalan, intenta «eliminar» la Cámara Alta por ser «la única institución» no controlada por el PSOE.
El nuevo mecanismo de supervisión periódica al Gobierno constituirá una iniciativa sin precedentes.
Tras la aprobación de la norma, un integrante del Ejecutivo «deberá comparecer obligatoriamente ante la Comisión Constitucional al inicio de cada sesión para informar sobre el cumplimiento de las mociones aprobadas» durante el semestre previo.
Es considerado el método más eficaz para convertir el Senado en «una Cámara de auténtico control democrático», según declaraciones de representantes del Grupo Popular en el Senado.
La reforma actualiza más de 100 artículos del Reglamento y se enmarca dentro de la estrategia del PP para «fortalecer las instituciones» ante lo que califican de «abuso Ejecutivo».
Antonio Silván, portavoz adjunto, destaca que este texto «moderniza la Cámara Alta, realza su papel constitucional y restaura la transparencia y el respeto institucional en la política». La iniciativa nace del convencimiento de que el Ejecutivo socialista ha operado bajo una lógica de «impunidad legislativa a través de decretos».
Medidas principales
Entre las iniciativas más relevantes se incluye la creación de dos comisiones nuevas especializadas.
La Comisión General de las Entidades Locales, establecida como comisión «reforzada» siguiendo el modelo de las Comunidades Autónomas, brindará al Senado mayores recursos para supervisar la coordinación interadministrativa.
Paralelamente se crea la Comisión de Vigilancia de las contrataciones de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal, un órgano de fiscalización que los populares califican como «crucial» para el control democrático del gasto público y las adjudicaciones, en un contexto de una constante «oleada de corrupción sanchista».
El nuevo Reglamento introduce un mecanismo de defensa institucional: la Mesa del Senado contará con la potestad de recharzar el veto del Gobierno a proposiciones o enmiendas si «considera que los motivos presupuestarios alegados no están suficientemente fundamentados».
Este poder «restaura la dignidad» de la Cámara territorial frente a los vetos automáticos del Ejecutivo, según afirman fuentes oficiales. «Hoy decimos basta a los decretos exprés, al abuso y al menosprecio al Senado», afirma Silván con convicción.
La reforma también dispone que, a petición de un Grupo parlamentario, la Mesa del Senado podrá requerir a otros órganos del Estado la elaboración de informes sobre proyectos y proposiciones de ley enviadas por el Congreso.
Este recurso amplía considerablemente la capacidad de análisis independiente de la Cámara Alta, y impide los «atajos» del PSOE que consisten en presentar proyectos de ley como proposiciones parlamentarias para «eludir a las instituciones». Es un instrumento de «transparencia institucional», según el PP.
Otras novedades
Además, se establecen límites específicos al tiempo para las intervenciones ministeriales durante las comparecencias, dividiéndose en 40 minutos para la primera, 30 para la segunda y 15 para la tercera, evitando que los ministros dilaten sus respuestas sin límite.
Esta medida agiliza los debates y exige respuestas más directas y sustantivas sobre los temas polémicos.
El texto también regula el voto telemático, actualiza procedimientos parlamentarios y, en particular, exige la publicación completa de las rentas e intereses económicos de todos los senadores.
Para Silván, «la transparencia no es una moda, es respeto al ciudadano«. El PP considera que restaurar la función constitucional del Senado como Cámara de representación territorial y balance democrático es «esencial» para garantizar la calidad institucional.
La reforma contrasta con la inacción del PSOE, que no ha presentado enmiendas ni propuesta alternativa alguna. El Gobierno socialista ha guardado silencio institucional ante una propuesta que Silván describe como «una respuesta necesaria a años de confundir mayoría con impunidad«.
El Ejecutivo, según sostiene, ha legislado «a través de decretos, ha vaciado los debates y ha menospreciado la función de control del Senado».
Con esta reforma, el PP reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional frente a quienes buscan debilitar las instituciones o bloquear reformas necesarias, a pocas semanas de presentar su renovado Plan de Regeneración Institucional. «Al fortalecer el Senado, se fortalece la democracia», concluye Silván.