Juan Carlos Peinado ha citado como investigada a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno y ha solicitado las agendas de la esposa del presidente y de su asesora para que sean revisadas por la UCO.
El juez encargado de la investigación sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, ha decidido llamar como investigada a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, mientras que ha rechazado llamar nuevamente a declarar a Pedro Sánchez y al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Así se refleja en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el cual el juez Juan Carlos Peinado deniega la solicitud de las defensas y de la Fiscalía de archivar el caso y acoge la orden de la Audiencia Provincial de Madrid que fusiona las dos piezas en las que se había dividido la causa.
Además, mantiene la tramitación a través del tribunal del jurado para el caso de que se procese un juicio por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias, corrupción en el ámbito privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación.
En cuanto a la funcionaria implicada, Peinado la cita para el próximo 12 de noviembre con el fin de «informarla sobre el objeto del procedimiento y notificarle los hechos que se le atribuyen», así como para «ser escuchada en calidad de investigada por el delito de malversación de fondos públicos», aclarando que «no puede ser citada como testigo».
Con esta citación, González se convierte en la quinta persona actualmente investigada en el caso, junto a Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
El juez fundamenta su decisión de imputarla aludiendo al «comportamiento pasivo» de Martín, quien ejerció como secretario general de la Presidencia desde julio de 2021 hasta marzo de 2023, momento en que fue sustituido por González.
Según su criterio, «cualquier persona con la autoridad para supervisar las tareas realizadas por quienes fueron contratados o designados para realizar funciones específicas vinculadas a un servicio público, y que tenga conocimiento de ello —por su notoriedad y dominio público—, puede incurrir en este tipo de malversación, si pudiendo evitarlo no actúa».
Peinado atribuye a la Secretaría General de la Presidencia un conocimiento de «actos de carácter institucional ampliamente conocidos dado su impacto mediático» y señala que dicha secretaria desarrolla simultáneamente actividades privadas en una universidad, concretamente la Universidad Complutense de Madrid.
Así, sostiene que es posible que se cometa el delito de malversación, en la modalidad de comisión por omisión, debido a su función de garante, imponiendo las órdenes o instrucciones pertinentes para que dicha persona», refiriéndose a Álvarez, la asesora de Gómez, «se abstenga de continuar con esas tareas de carácter privado».
El juez ha solicitado además a Moncloa las agendas de la esposa de Pedro Sánchez y su asesora, para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pueda analizarlas con el propósito de «determinar si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc., realizadas por ambas simultáneamente o únicamente por la investigada Álvarez, guardaban relación con actividades personales o profesionales de la otra investigada, Gómez».
También pide que se entreguen sus pasaportes con el objetivo de «precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias en los desplazamientos al extranjero realizados por ambas».
En este sentido, exige a la Secretaría General de la Presidencia que facilite, de forma completa y detallada, toda la información relativa a los viajes de Álvarez sufragados con fondos públicos «desde su contratación, el 16 de julio de 2018, hasta la actualidad».
Peinado incluye en sus requerimientos que Gómez y Álvarez aporten «todos los correos electrónicos y cualquier otro soporte cruzado» entre ellas, además de solicitar a la Seguridad Social un certificado de vida laboral de la asesora y a Moncloa que entregue los datos salariales actualizados de ésta durante 2025, así como «todos los antecedentes relacionados con la designación de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno, con la delimitación de los cargos ocupados y las funciones desempeñadas, además del número de asistentes nombrados simultáneamente para cada cónyuge».
«Inútil e impertinente» volver a citar a Sánchez
En el auto, Peinado se opone a la solicitud de las acusaciones populares para volver a llamar al presidente del Gobierno como testigo, calificándola como «inútil y, por lo tanto, impertinente».
«Las razones que sustentan esta consideración se basan en que, durante el transcurso de esta investigación, ya se intentó obtener un testimonio de esta persona», expone, añadiendo que «no se descarta que, como él mismo ha manifestado públicamente, pueda cambiar de opinión en cualquier momento, al igual que cualquier ciudadano».
Peinado insiste en que «lo cierto es que, cuando tuvo la oportunidad de colaborar con la Administración de Justicia», Sánchez «se acogió a la dispensa que le otorga el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal«, es decir, su derecho a no declarar ante el juez por ser cónyuge de la investigada.
Agrega que el jefe del Ejecutivo «no aportó información para aclarar los hechos que se investigan, los cuales podrían avanzar a una fase posterior dentro de este proceso, postura absolutamente legítima, aunque también previsible que repitiera su comportamiento, ante la posibilidad de acordar esta diligencia de investigación, mostrando escasa o nula disposición a colaborar con la Administración de Justicia».
En la misma línea, Peinado desestima la petición de volver a citar al ministro Bolaños, considerando que sería «igualmente impertinente», dada la oportunidad previa que tuvo para declarar y el escaso valor de su testimonio, marcado por reticencias y evasivas.
«Nada indica que modificaría su posible declaración futura, teniendo en cuenta lo manifestado y las conclusiones que se puedan derivar de ella», agrega.
Lo que sí acuerda Peinado es convocar una nueva ronda de testimonios, citando a Diego de Alcázar, Miguel Escassi y Juan Carlos Doadrio el próximo 12 de noviembre, así como a María José Sánchez, María Elvira Gutiérrez, María Jesús, Mercedes, Zulma Escalante y Carmen Mitxelena el 28 de noviembre.
Asimismo, el instructor requiere a las compañías Minsait, Indra Business Consulting, Telefónica, Deloitte y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) que remitan todos los correos, mensajes de WhatsApp o cualquier otra comunicación escrita en la que aparezca la asesora de Gómez «como remitente, destinataria o simplemente en copia».