Los grupos parlamentarios se dividen entre quienes exigen responsabilidades a la Generalitat, a Vox y al PP, y quienes reclaman esclarecer la actuación del Gobierno central.
Las víctimas de la dana consideran que Mazón está «más cerca» de la cárcel
Las víctimas de la dana que han comenzado a declarar ante la comisión de investigación del Congreso coinciden en responsabilizar al Gobierno de la Generalitat y en particular a su presidente en funciones, Carlos Mazón, para quien han solicitado «cárcel» e, incluso, algunas le han calificado de «asesino». Todas han subrayado que no fue el clima quien causó la muerte de sus familiares, sino la «negligencia», la «incompetencia» e incluso «una decisión política interesada».
En los testimonios cargados de dolor, el elemento común ha sido la «falta de previsión», la «deficiente gestión», el «abandono institucional» y la «indiferencia» sufrida por los ciudadanos afectados. Todos han demandado «memoria», «justicia», «asunción de responsabilidades» y acciones para evitar que algo similar suceda nuevamente. La mayoría ha eximido de culpa al Gobierno central.
Rosa María Álvarez Gil, presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana 29 de Octubre e hija de una víctima, ha insistido en que los políticos de la Generalitat «disponían de las herramientas» para indicar cómo debía protegerse la población. Añadió: «Es un alivio y una victoria social que el principal responsable ya no esté al mando de nuestro pueblo. El paso inicial fue la dimisión de Mazón, ahora falta otro: Mazón en prisión. No fue el clima quien mató a nuestros familiares, sino la falta de previsión». Ha exonerado por completo al Gobierno central y señaló que Feijóo nunca se ha comunicado con ella.
«Somos víctimas de una gestión desastrosa. Nuestras vidas no deberían estar en manos de intereses políticos. Deseamos que jamás vuelva a dirigir una institución alguien como Mazón, un mentiroso». Rosa María aseguró desde el primer instante estar convencida de que a su padre «lo asesinaron». Sostiene que «Mazón se ha ido de la peor forma posible, victimista, comprometiendo a la Corona y sin reconocer a las víctimas».
Carmina Gil, quien perdió a su suegra, reafirmó que «la gestión fue nula», una «serie de errores encadenados». «La catástrofe social y humana fue producto de la improvisación, la negligencia política y un cálculo interesado», indicó. Esta afectada responsabilizó no sólo al Gobierno de la Generalitat y a «sus socios» de Vox, sino también «al PP a nivel nacional».
Ernesto Martínez, tío de la desaparecida Elisabeth Gil y técnico en prevención, reprochó a Mazón no haber liderado la emergencia ni asumido la competencia, que según él corresponde a la Comunidad. Además, extendió la crítica hacia todo el Partido Popular. Martínez calificó al presidente en funciones de la Generalitat de «asesino» y, como los demás comparecientes, exigió «prisión» para él. «No vamos a rendirnos», afirmó.
No obstante, el testimonio más impactante y duro fue el de Dolores Ruiz, quien perdió en la riada a su esposo e hijos. Esta compareciente, que habló «sin notas» previamente preparadas, lamentó entre lágrimas haber perdido «lo mejor de su vida». «Me los han matado», declaró. Su dolor fue el que más conmovió a los miembros de la comisión de investigación.
Los grupos parlamentarios se han dividido entre quienes lanzaron duras críticas contra Mazón, Feijóo y el PP (ERC, Sumar, Podemos, PSOE) y quienes buscaron también señalar a las responsabilidades del Gobierno central (PP y Vox).
Desde Podemos, Javier Sánchez Serna afirmó que el desastre «no fue solamente un fenómeno meteorológico» y exigió «cárcel» para Mazón. Mikel Otero (Bildu) subrayó que con los afectados «se cometió una injusticia y una ilegalidad con consecuencias devastadoras». También calificó de «indigna» la dimisión de Mazón y desprestigió su gestión como «negligente e inepta».
Gabriel Rufián (ERC) responsabilizó directamente al PP por su «mala praxis» y recomendó a las víctimas «desconfiar» de quien sugiera «no politizar» lo ocurrido. También les advirtió que los populares «intentarán criminalizarlas» y subrayó que todo lo sucedido «tiene nombre y apellido y existen responsabilidades homicidas en esto». Rufián pidió a los comparecientes evaluar la actuación de la Generalitat «desde el segundo pacharán de Mazón hasta su discurso miserable o su presencia psicópata en el funeral de las víctimas». En la misma línea, el diputado de Sumar-Compromís, Alberto Ibáñez, advirtió a las víctimas que «PP y Vox» no lo van «a poner fácil».
En representación de Vox, Ignacio Gil Lázaro destacó que la reacción del Gobierno autonómico fue «errónea, tardía e incompetente». Por ello, dijo, «es responsable». Sin embargo, añadió, «también lo es el Gobierno de España que dejó solos a los valencianos por un simple cálculo partidista».
Alejandro Soler (PSOE) enfatizó que la pérdida de vidas «se produjo debido a la mala gestión de un fenómeno meteorológico» y subrayó que «la diferencia entre la tragedia y la injusticia es que esta última se origina por negligencia o mala fe».
César Sánchez, portavoz del PP, recalcó la necesidad de «investigar y aclarar la responsabilidad del Gobierno de España». En este marco, destacó la importancia de las infraestructuras de protección para la población. «El deber moral», afirmó, «corresponde a todas las administraciones sin excepción. Es fundamental aprender de esta experiencia».