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"La orden emitida por el juez era para arrestar, no para ejecutar, y sin embargo ocurrió una matanza".
Con estas palabras, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula de Silva, expresó este martes su opinión sobre la operación policial que tuvo lugar el pasado 28 de octubre contra la banda criminal Comando Vermelho en Río de Janeiro, durante la cual perdieron la vida más de 120 personas.
En una conferencia de prensa, el mandatario brasileño definió el operativo como "catastrófico" y mencionó que su gobierno impulsará una investigación independiente.
Comando Vermelho es una de las organizaciones criminales más antiguas y fuertes de Brasil. Para combatirla, se movilizaron 2.500 agentes de seguridad en un terreno de 9 millones de metros cuadrados, equivalente a 72 estadios Maracaná.
El objetivo de los policías era ejecutar 180 órdenes de captura y 100 solicitudes de prisión. Según el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, se trató del "mayor operativo de fuerzas de seguridad" realizado en dicho estado.
Castro, aliado político del expresidente Jair Bolsonaro, explicó que la operación fue el resultado de una investigación que duró más de un año y requirió dos meses para su planificación.
El gobernador describió el operativo como "exitoso", una opinión que el presidente Lula no comparte.
"El dato tangible es que la operación, considerado el número de muertes, puede ser vista como exitosa, pero en términos de la actuación del Estado, creo que fue desastrosa", declaró el mandatario brasileño.
Arrestos, muertes y derechos humanos
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El operativo contra el Comando Vermelho consistió en una gran redada en dos de las favelas más extensas del norte de Río de Janeiro.
Al llegar las fuerzas policiales, se produjo un intenso intercambio de disparos. Según las autoridades, los integrantes de la banda utilizaron drones para lanzar explosivos sobre la policía y quemaron vehículos en calles para levantar barricadas.
El informe oficial indica que se incautaron armas, drogas y se arrestaron al menos 81 individuos.
Entre los aprehendidos figura Thiago do Nascimento Mendes, alias Belão, identificado como uno de los líderes del tráfico de drogas del Comando Vermelho. Asimismo, fue detenido Nicolas Fernandes Soares, señalado por las autoridades como el encargado financiero de uno de los cabecillas del narcotráfico.
Sin embargo, la operación también dejó un elevado número de víctimas mortales: 121, cuatro de ellos policías.
Según la policía de Río, "más del 95% de los fallecidos identificados tenían vínculos confirmados con el Comando Vermelho y el 54% provenían de fuera del estado".
El trabajo de inteligencia realizado por la Dirección de Seguridad Pública del Estado reveló que 59 personas tenían órdenes de arresto pendientes y al menos 97 contaban con antecedentes penales importantes, según un comunicado oficial.
El gobierno de Río de Janeiro informó en un comunicado que 17 de los muertos no poseían antecedentes penales, añadiendo que 12 de ellos "mostraron indicios de estar vinculados al narcotráfico a través de sus redes sociales".
Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas han cuestionado la operación, la cual es considerada como la más letal en el área metropolitana de Río de Janeiro desde 1990, de acuerdo con el Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos de la Universidad Federal Fluminense.
Según Agencia Brasil, habitantes de las zonas donde se desarrolló el operativo aseguran que en la zona boscosa fueron encontrados decenas de cuerpos, varios con señales de rendición —manos y piernas atadas— además de indicios de posibles ejecuciones y torturas.
*Con información de Ione Wells.