La UCO confirma que Ángel Víctor Torres, en su etapa como presidente de Canarias, presionó para que se realizaran pagos a la trama Koldo para la adquisición de mascarillas sin cumplir los controles y verificaciones legales correspondientes.
Mensajes y grabaciones intervenidas demuestran que Torres ejerció presión sobre la responsable económica del Servicio Canario de Salud para aprobar transferencias a Soluciones de Gestión SL, a pesar de las advertencias acerca de la calidad del material adquirido.
Aunque informes internos recomendaban no utilizar esas mascarillas por no ajustarse a los requisitos FFP2, el Gobierno de Canarias mantuvo los pagos y modificó el contrato para considerar el material defectuoso como mascarillas quirúrgicas.
La conducta de Torres incumple la Ley de Contratos del Sector Público, que exige controles previos al pago, y podría derivar en responsabilidades contables, disciplinarias e incluso judiciales.
El informe más reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) confirma que Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, intervino personalmente en los pagos a la red Koldo.
En su etapa como presidente de Canarias, presionó para efectuar pagos urgentes a Soluciones de Gestión SL, la empresa de Víctor de Aldama, siguiendo instrucciones de Koldo García, para la compra de mascarillas durante la crisis sanitaria.
Según los mensajes y audios intervenidos, Torres ordenó realizar «los abonos sin las comprobaciones de las validaciones» que exigía Ana María Pérez, directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (SCS).
Incluso, Torres manifestó a Koldo sobre Pérez en términos soeces: «déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. O lo arregla o la levanto para el aire».
Antonio Olivera, por entonces viceconsejero y hombre de confianza de Torres (quien luego lo trasladó como jefe de Gabinete al Ministerio), recibió el 30 de abril de 2020 una carta de Mercedes Cueto, directora gerente del Hospital Universitario de Canarias, desaconsejando el uso de esas mascarillas al no cumplir con la especificación FFP2 médica.
A pesar de esas advertencias, Olivera no paralizó el proceso; por el contrario, según el informe de la UCO, ese mismo día notificó a Koldo que ya se había iniciado el abono del 50% a Soluciones de Gestión.
El pedido inicial ascendía a 6,8 millones de euros, pero las órdenes aumentaron hasta que, a mediados de agosto, la trama había recibido casi 10 millones, de los 12,2 que cobraría en total en diciembre.
El flujo de transferencias continuó gracias a la insistencia de Torres, quien afirmó a Koldo en julio haber dado «el golpe preciso sobre la mesa para acabar con todo esto», sin que aún se hubiese validado gran parte de la primera adjudicación.
De acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, particularmente en su artículo 120.1.d, cuando una Administración actúa en situación de emergencia, «se cumplirá lo establecido en esta Ley sobre cumplimiento de contratos, recepción y liquidación del servicio«.
Esto implica que la actuación excepcional no exime de controles. Tampoco a un ministro que enfrenta una evidente responsabilidad política tras contratar, sin controles, con una empresa instrumental ligada a una trama presuntamente corrupta.
La ley permite contratar «de hecho» ante una crisis, pero los pagos deben estar sujetos a verificación y fiscalización, como subraya el Tribunal de Cuentas: «La contratación en emergencias no es una contratación sin control».
Además, el artículo 210 y siguientes de la norma indican que antes de abonar cualquier pago debe comprobarse que el servicio, obra o suministro ha sido ejecutado adecuadamente.
Es imprescindible emitir el acta de conformidad por el órgano técnico competente y tramitar el reconocimiento de la obligación contable tras validar las comprobaciones.
Sin embargo, «las verificaciones se realizaron posteriormente», confirma un alto cargo del actual Gobierno canario.
La omisión de estas tareas, según la normativa, conlleva responsabilidades contables ante el Tribunal de Cuentas, o sanciones disciplinarias para el funcionario que autorizó pagos sin respaldo legal.
Incluso se contemplan responsabilidades penales (como malversación o prevaricación) para el político o alto cargo que presionó para eludir controles.
«Abre el vino»
De hecho, las actas de conformidad nunca se pudieron emitir, ya que al menos 837.800 mascarillas de las 2,75 millones adquiridas resultaron defectuosas.
Fuentes del Ejecutivo insular indican que «las mascarillas no cumplían los requisitos contratados» y advierten que «el caso está ahora en manos de la Fiscalía Europea«.
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias confirmó el 27 de abril de 2020 que los modelos KN95 FDA, KN95 KSA, KN95 202003 y KN95 EN1492001 «no son apropiados para uso sanitario como FFP2«.
En lugar de cancelar el contrato o exigir la devolución total, el Gobierno de Canarias de Torres renegoció el acuerdo con Soluciones de Gestión en noviembre de 2020.
La empresa propuso «valorar las mascarillas entregadas […] como quirúrgicas al precio de mercado de abril», completándose el pago de 707.518,50 euros en diciembre por ese material defectuoso.
El entonces presidente comunicó a Koldo el 3 de noviembre de 2020: «Solucionado por ambas partes. Abre el vino», en referencia al acuerdo alcanzado.
Torres, en su rol como presidente del Gobierno de Canarias, participó de forma directa en las gestiones de estos contratos de emergencia, según señala el documento de la UCO.
Con ello, el líder regional socialista conseguía el respaldo de José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE y ministro con gran capacidad de inversión desde Fomento.
Los contratos fueron firmados y pagados a pesar de que existían serias dudas sobre el cumplimiento de los requisitos sanitarios de las mascarillas.
Fuentes del actual Gobierno canario consultadas califican esta actuación como ilegal. Presionar para efectuar pagos sin realizar las verificaciones requeridas vulnera claramente la Ley de Contratos.
Los mensajes
Las fuentes del Ejecutivo regional que dialogaron con este medio subrayan que «no solo fue ilegal lo que hizo el entonces presidente canario, sino que si el PP desea, puede integrarse en el ‘caso mascarillas’ que actualmente se investiga en los juzgados», tanto locales como en la Audiencia Nacional.
Un audio enviado por WhatsApp el 21 de julio de 2020 muestra el momento en que Torres asegura a Koldo que superará la resistencia interna. Torres afirma: «Hay resistencia de Ana no a pagar esa factura, sino a realizar los abonos sin las comprobaciones porque hay varias empresas con dificultades».
Torres añade que resolverá todo con rapidez: «Le he explicado la excepcionalidad de esta factura. Espero tener respuesta durante el día».
El ministro era consciente de que la responsable económica del SCS solicitaba la documentación necesaria antes de autorizar los pagos, y ese era, precisamente, el motivo del conflicto.
Torres promete al asesor de Ábalos: «Estoy encima de ella». Luego amenza directamente a la responsable económica: «Dame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con ella. O lo arregla o la levanto para el aire«.
El audio también confirma la comunicación directa de Torres con Víctor de Aldama. En la misma grabación afirma: «Hoy hablaré con la persona que conocí el otro día en el restaurante», en alusión a Aldama tras una cena en el Jai Alai de Madrid.
Torres había negado públicamente conocer al empresario investigado en sus comparecencias en la comisión Koldo en el Senado.
Olivera, ‘hombre fuerte’
Antes de esos audios de julio, la documentación incautada por la UCO revela que Olivera, jefe de Gabinete de Torres y director del Servicio Canario de Salud durante la pandemia, negoció directamente con la trama.
El 21 de abril de 2020, Olivera envió un mensaje a Íñigo Rotaeche, administrador de Soluciones de Gestión: «Íñigo, prepárame una oferta por 2 millones, ¿vale? Negocié con Koldo esa cifra«.
Ese mismo día, Olivera presentó a Ana María Pérez la oferta de mascarillas elaborada por Rotaeche, indicando explícitamente: «Aceptad la oferta para poder acelerar esta operación».
Los documentos interceptados muestran que Pérez y su equipo expresaron dudas sobre la calidad y precio de las mascarillas. Una trabajadora escribió: «¿Estamos seguros? ¿Hay suficiente dinero? Son 12 millones de euros».
La «influencia» de Koldo
Los orígenes de esta investigación se remontan a un año atrás, cuando Aldama presentó ante el Tribunal Supremo pruebas presuntas sobre un piso alquilado en la calle de Atocha mediante Airbnb.
Torres rechazó estas acusaciones 24 horas después con certificados de aerolíneas, e incluso este martes anunció que presentará una querella contra el intermediario. Sin embargo, este informe de la UCO solo abarca mensajes y audios relacionados con los negocios de mascarillas en la pandemia.
El punto clave es que Koldo ejercía presión constante sobre Torres para que abonara a la empresa de Aldama.
De este modo, queda demostrada la influencia de Koldo en la Administración canaria, según subraya la UCO, quien «logró que el presidente de Canarias se encargara directamente de reclamar los pagos pendientes».
Torres participó en al menos cuatro contratos con Soluciones de Gestión que suman un total de 12 millones de euros.
En agosto de 2020, cuando los pagos ya se habían completado, Koldo agradeció personalmente a Torres con estas palabras: «Te agradezco mucho todo lo que has hecho, eres el único que ha movido esto. (…) Me tendrás para lo que necesites».