Las acusaciones han puesto de manifiesto ante la Sala Penal el perjuicio infrigido a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, debido a la filtración de un correo electrónico con sus datos fiscales y pormenores de su caso judicial.
El correo filtrado, remitido por el abogado de González Amador a la Fiscalía, reconocía la comisión de dos delitos fiscales y planteaba una propuesta para reducir la pena, información que fue difundida por diversos medios tras dicha filtración.
González Amador describió los daños ocasionados después de la filtración, incluyendo la pérdida de clientes, dificultades con entidades bancarias y perjuicios para sus empleados, además de señalar una violación a su derecho de presunción de inocencia.
La confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscales fue objeto de debate en el juicio, dado que tanto la defensa como la acusación consideran ilícita la filtración del correo privado.
La declaración realizada ayer por Alberto González Amador durante la segunda sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, permitió a las acusaciones demostrar ante la Sala Penal el daño sufrido por la pareja de Isabel Díaz Ayuso debido a la divulgación en medios de un correo electrónico relacionado con su delicada situación tributaria.
Dicho ‘email’ fue enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador, Carlos Neira, a la Fiscalía de Delitos Económicos, la cual acababa de recibir un expediente derivado de una inspección tributaria que evidenciaba indicios de la comisión de dos delitos de fraude y uno de falsedad documental continuada por parte del empresario.
Neira recomendó a su cliente alcanzar un acuerdo de conformidad con el fiscal y la Abogacía del Estado, una vía «rápida y sin ruido» para cerrar el asunto, tal como solicitó González Amador.
Por esta razón, en ese correo el abogado proponía un pacto al Ministerio Público —una práctica común en procesos por delito fiscal— para lograr una rebaja de la pena de prisión a cambio de asumir los hechos y abonar la multa.
«Efectivamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública», afirmó Neira, en concordancia con su defendido, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El texto exacto del correo fue filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 a la Cadena Ser y posteriormente reproducido por otros medios.
Desde ese momento, «pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España», expresó enfáticamente González Amador, señalando que así ha sido calificado por el Gobierno, el PSOE y ciertos medios de comunicación.
«Nadie calibra el daño que me han causado y continúan causando», añadió el testigo, que se lamentó no solo por la filtración del correo del 2 de febrero, sino también por la nota de prensa que la Fiscalía emitió el 14 de marzo de 2024 para desmentir informaciones erróneas publicadas la noche previa. Según esas versiones, había sido el fiscal quien propuso a González Amador un pacto, aunque luego este fue retirado «por órdenes de arriba».
La nota de prensa incluía el correo del 2 de febrero y otras comunicaciones posteriores entre Neira y el fiscal Julián Salto para demostrar que el reconocimiento del fraude fiscal provino del abogado del empresario.
Para él, esa nota significó que «García Ortiz me había destruido, me había destrozado públicamente».
«Desde el 14 de marzo el banco me suspendió la financiación. Hace un mes, una trabajadora mía, médica, no pudo alquilar una vivienda porque los propietarios rechazaron su solicitud al conocer la empresa para la que labora. Tuvo que contar con aval paterno. Hubo un impacto negativo en proveedores y pérdida de clientes», detalló el testigo.
También considera vulnerados sus derechos de presunción de inocencia y de un proceso justo. «No puedo conformar la pena como cualquier otra persona ni puedo defenderme como un ciudadano convencional», afirmó.
La confirmación de que el procedimiento de conformidad se canceló después del 14 de marzo ha quedado debilitada por la declaración del fiscal Diego Lucas.
Este fiscal asumió el caso de González Amador en abril de 2024, luego de la querella presentada por el empresario contra Julián Salto, lo que motivó la abstención de este último.
Lucas relató que el 20 de mayo, cuando el empresario fue citado a declarar en los Juzgados de Plaza de Castilla, consultó con su abogado sobre la intención de alcanzar una conformidad. «Se mostró sorprendido y me preguntó si pretendíamos pactar, a lo que respondí afirmativamente, sin inconvenientes para llegar a un acuerdo», explicó el fiscal.
El fiscal señaló que él mismo redactó una propuesta de acuerdo de conformidad que reducía dos grados la pena para González Amador: cuatro meses de prisión por cada delito fiscal en concurso con falsedad documental.
El proceso no siguió adelante porque la acusación popular, representada por PSOE y Más Madrid, no apoyó el acuerdo y solicitó mayores diligencias.
Además, la defensa de González Amador mostró menos interés en la conformidad tras abrirse una causa separada que lo investiga por presunta corrupción vinculada a sus negocios con el presidente de Quirón Prevención.
El correo del 12 de marzo
Durante su testimonio, González Amador reconoció haber reenviado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, un mensaje de WhatsApp enviado por Neira que contenía la imagen de un correo remitido por Julián Salto el 12 de marzo de 2024.
En ese correo, el fiscal adjuntaba la denuncia por fraude fiscal interpuesta contra el empresario y añadía: «Aunque también se han denunciado otras personas, no impedirá llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo consideran factible«.
El correo del 12 de marzo fue filtrado por Rodríguez a varios periodistas y contribuyó a la difusión errónea de que el fiscal había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso para que admitiera el delito.
A partir de ahí, varios medios y el propio Miguel Ángel Rodríguez sostuvieron que se perseguía a González Amador con fines políticos para perjudicar a la presidenta madrileña. «Todo es confuso».
El empresario admitió que no solicitó permiso a Neira para remitir el mensaje, que contenía el correo del fiscal del 12 de marzo, a Rodríguez.
«Lo envié por mi cuenta. Hace referencia a un proceso mío, se lo envío a quien deseo», expresó.
El problema radica en que la acusación considera confidenciales los mensajes entre abogados y fiscales que negocian acuerdos de conformidad, y por ello interpreta como delito la filtración del correo de Neira del 2 de febrero.
Alberto González Amador autorizó a Rodríguez a difundir el correo de Salto a Neira a alrededor de cincuenta periodistas.
Cuando se le preguntó por qué proporcionó al jefe de gabinete de la presidenta madrileña detalles sobre un proceso penal privado y reservado, respondió: «Es un asunto mío, pero creo que le puede afectar a ella», sin mencionar directamente a Isabel Díaz Ayuso.
MÁR y las «órdenes de arriba»
Por su parte, Rodríguez tuvo que admitir que no contaba con «ninguna fuente» que confirmara que el (falso) acuerdo de conformidad ofrecido por el fiscal a la pareja de Ayuso hubiera sido retirado por «órdenes de arriba», en referencia al fiscal general.
Se insinuaba, de este modo, que la Fiscalía actuó de forma arbitraria y contraria a la ley respecto a la pareja de la presidenta madrileña.
Miguel Ángel Rodríguez afirmó que solo compartió en su chat de periodistas el correo de Julián Salto luego de que, a las 22:10 horas del 13 de marzo de 2024, La Sexta informase que fue la pareja de Díaz Ayuso quien propuso un pacto a la Fiscalía, no al contrario, como había publicado El Mundo a las 21:29 horas.
Sin embargo, los responsables de prensa de la Fiscalía General y de la Fiscalía de Madrid desmintieron la versión de Rodríguez: ya durante la tarde del 13 de marzo varios periodistas alertaron que el jefe de gabinete de Ayuso estaba difundiendo una versión distorsionada de las negociaciones para la conformidad penal.
«¿Qué evidencia tenía de que ‘por órdenes de arriba’ se había prohibido negociar al fiscal?», preguntó la abogada del Estado Consuelo Castro, defensora de García Ortiz.
Rodríguez no apeló al «es que tengo el pelo blanco» que utilizó en su declaración durante la instrucción. Indicó que «el Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico, por lo que debo inferir que, si se retiró un acuerdo, fue por orden de arriba, así como debo deducir que no se emite una nota de prensa sin esas órdenes».
«No poseo ninguna fuente. Soy periodista y trabajo en política. No requiero un acta notarial para mis deducciones», concluyó.