El propósito es disminuir el margen de maniobra de los criminales que emplean efectivo para transferir grandes cantidades de dinero ilícito
Aquellos acostumbrados a transportar fajos de billetes en efectivo deberán cambiar esa costumbre. La Unión Europea planea implementar una nueva normativa que establecerá un límite de 10.000 euros para pagos en efectivo entre particulares y empresas. Esta disposición, que entrará en vigor en 2027, está orientada a fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, dos de los principales retos económicos y de seguridad dentro del bloque comunitario.
Según explica el medio francés Le Journal De L’Economie, el propósito es recortar las posibilidades de los delincuentes de cuello blanco que emplean el efectivo para mover cuantiosas sumas de dinero ilícito. En palabras del eurodiputado neerlandés Paul Tang, ponente de la legislación en el Parlamento Europeo, “uno de nuestros objetivos fundamentales ha sido asegurarnos de que los criminales ya no puedan lavar su dinero a través de la compra de coches de lujo, yates y jets privados”.
Un avance hacia la economía sin efectivo
El efectivo continua siendo un método de pago predominante en Europa, aunque con tendencia a la baja. Según los datos más recientes del Banco Central Europeo, casi la mitad de las transacciones en la zona euro aún se realizan con billetes y monedas. No obstante, el crecimiento de las tarjetas bancarias y los sistemas de pago móvil como Apple Pay o Bizum están modificando los patrones de consumo e impulsando una rápida digitalización de los pagos.
Esta nueva regulación, que se aplicará de forma homogénea en todos los Estados miembros, podría representar un punto de inflexión en esta transformación. Los expertos prevén que ayudará a incrementar la transparencia en las operaciones financieras y facilitará el seguimiento de movimientos sospechosos. Asimismo, favorecerá la creación de un mercado financiero más uniforme dentro de la Unión, dado que hasta ahora las restricciones al pago en efectivo variaban considerablemente entre países.
Variaciones por país: España ya cumple con el estándar
El efecto de la medida será desigual en los distintos países. En España, el límite vigente para pagos en efectivo a profesionales es de 1.000 euros desde la reforma de la Ley General Tributaria. En Francia también se establece un tope de 1.000 euros, mientras que en Italia el máximo es de 2.000 euros, aunque el Gobierno analiza reducirlo nuevamente.
Para estos estados, la nueva regla no implicará cambios significativos en la rutina de consumidores y empresas. En cambio, marcará una diferencia considerable en países del norte y centro de Europa como Alemania, los Países Bajos o Luxemburgo, donde hasta ahora no existían límites para pagos en efectivo. En estos territorios, la normativa requerirá una adaptación cultural y financiera sustancial, dado que el uso del efectivo sigue siendo habitual incluso en operaciones de alto valor.
Pagos que serán regulados
El límite de 10.000 euros aplicará exclusivamente a las transacciones entre particulares y empresas, es decir, cuando un ciudadano realiza un pago a un profesional o compañía. Esto incluye compras como vehículos de gama alta, obras de arte o servicios costosos, tales como reformas integrales o adquisición de joyas.
Cuando se cobra una herencia, existen diversas formas de recibir el pago, incluso en efectivo. Sin embargo, para aceptar el pago de una herencia en metálico es necesario cumplir ciertos requisitos
Las transacciones privadas entre particulares quedarán fuera del alcance de esta regulación. Por ejemplo, será legítimo vender un coche usado entre dos ciudadanos y recibir el pago en efectivo, siempre que no intervenga una empresa o profesional en la operación.
Preocupación ante la llegada del euro digital
La nueva medida ha provocado debate en toda Europa. Sus defensores consideran que es una herramienta eficaz para combatir la economía sumergida y frenar el flujo de capital proveniente de actividades ilegales. Sin embargo, existen opiniones críticas que perciben esta limitación como un nuevo paso hacia la eliminación del dinero físico, lo cual podría limitar la libertad de los ciudadanos para elegir el método de pago.
Algunos sectores también advierten que esta tendencia hacia la digitalización podría perjudicar a determinados grupos, especialmente a personas mayores o a quienes no tienen acceso a la banca digital. La propuesta de un euro digital impulsada por el Banco Central Europeo genera además reticencias relacionadas con la privacidad y el control.
A pesar de las críticas, la Comisión Europea reafirma que el efectivo seguirá existiendo y mantendrá su condición de curso legal. No obstante, su uso será cada vez más restringido y, en numerosos casos, reemplazado por medios de pago electrónicos más seguros y trazables.