El Ejecutivo aprueba por real decreto varias medidas del plan eléctrico que el Congreso había rechazado en julio, con el objetivo de reforzar la red, impulsar el almacenamiento de energía y acelerar la transición ecológica sin necesidad de una nueva votación parlamentaria
El Ejecutivo ha autorizado este martes un nuevo real decreto con medidas urgentes destinadas a fortalecer el sistema eléctrico. Varias de estas medidas ya figuraban en el denominado decreto antiapagones, que fue anulado en julio tras el rechazo por parte del Congreso. La diferencia ahora radica en que este nuevo decreto tiene un rango normativo inferior, por lo que no requiere votación parlamentaria para entrar en vigor.
Con esta acción, el Gobierno busca mejorar la resiliencia del sistema eléctrico, acelerar la transición ecológica y asegurar un mayor control sobre la red. Para ello, el decreto incide en tres grandes pilares: incentivar el almacenamiento energético, acelerar la electrificación de la economía y actualizar instalaciones obsoletas mediante la repotenciación, que constituye la principal innovación.
Repotenciación y hoja de ruta
El término repotenciación, contemplado en la normativa europea, se refiere a la modernización de infraestructuras para la generación eléctrica usando tecnologías actuales. A través de esta medida, la intención del Ejecutivo es aumentar la eficiencia y la capacidad productiva sin recurrir a la ocupación de nuevos terrenos ni la construcción de infraestructuras desde cero.
Este real decreto dispone la elaboración, en un plazo de nueve meses, de una hoja de ruta nacional que impulse este proceso. Dicho documento establecerá objetivos estratégicos alineados con los compromisos europeos y detallará medidas técnicas, regulatorias y financieras diseñadas para facilitar la sustitución de equipos y atraer inversiones hacia la modernización del parque energético actual.
Refuerzo del control y la supervisión
El texto reserva también un apartado significativo a la mejora de la supervisión del sistema eléctrico. Se ampliarán las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para controlar que los agentes del sector cumplan con las obligaciones de tensión, además de elaborar informes trimestrales públicos sobre la estabilidad de la red.
Asimismo, la CNMC implementará un plan excepcional de inspección referido a la capacidad de reposición del suministro, que se repetirá cada tres años. Por su lado, Red Eléctrica de España (REE), operador del sistema, asumirá la responsabilidad de formular propuestas normativas dirigidas a corregir posibles variaciones de potencia o fluctuaciones de tensión. También deberá establecer un protocolo para monitorear incidentes y coordinar los planes de desarrollo de las redes de transporte y distribución.
Las primeras propuestas técnicas de REE deberán entregarse en un plazo de tres a seis meses, y las reformas derivadas deberán ser aprobadas por las autoridades competentes en un plazo inferior a seis meses.
Impulso al almacenamiento y la electrificación
Otro pilar fundamental del decreto es el impulso al almacenamiento de energía, considerado básico para garantizar la estabilidad del sistema en un contexto de mayor peso de las energías renovables. El objetivo gubernamental es alcanzar una potencia instalada de 22,5 gigavatios (GW) para el año 2030.
Para lograr este objetivo, la normativa prioriza la instalación de módulos de almacenamiento en terrenos con plantas de generación ya existentes, con el propósito de aprovechar infraestructuras actuales y minimizar el impacto ambiental.
Paralelamente, el decreto busca acelerar la electrificación de la economía, especialmente en el ámbito industrial. Para garantizar esto, establece una caducidad de cinco años para los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica concedidos a nuevos proyectos de demanda, evitando así el acaparamiento o la especulación con dichos permisos.
La energía solar repite hasta julio de este año como principal fuente de energía en Andalucía.
Las distribuidoras deberán además reducir los tiempos de respuesta ante solicitudes de ampliación de red, algo especialmente relevante para la expansión de los puntos de recarga de vehículos eléctricos, que constituye una prioridad del Ejecutivo dentro de su estrategia de descarbonización.
Un trámite rápido para recuperar medidas
La aprobación de este decreto ocurre tras un proceso de tramitación urgente iniciado el 31 de julio por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Su finalidad era reactivar ciertas disposiciones que quedaron suspendidas tras la anulación del decreto antiapagones, rechazado en el Congreso con la oposición de PP, Voz, Junts, Podemos, BNG y CHA.
Actualmente, estas medidas se aprueban mediante un mecanismo jurídico que no requiere aval parlamentario, permitiendo al Gobierno implementarlas de manera inmediata. Esto busca asegurar la continuidad del suministro eléctrico y avanzar en la transición energética sin depender de la dinámica política en el Congreso.