La publicación de EL MUNDO el 13 de marzo provocó una reacción intensa de García Ortiz, cuya conducta será evaluada desde este lunes.
El 14 de marzo de 2024, el fiscal general ordenó la publicación de los pormenores del pacto de conformidad que el empresario Alberto González Amador, acusado de fraude fiscal y falsedad documental, negociaba con la Fiscalía Provincial de Madrid. Esta directriz se emitió tras horas de considerable tensión entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior de Madrid, liderada por Almudena Lastra, quien figura como testigo en el proceso que comienza este lunes en el Supremo.
García Ortiz ejerció presión hasta que la nota de prensa fue finalmente divulgada. Antes de ello, se filtró a la Cadena Ser un correo del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso donde se reconocía que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública». La actuación de la Fiscalía en ese día fue inédita y motivó que el Colegio de la Abogacía de Madrid iniciara acciones legales.
El Supremo ha sostenido que el correo contenía información delicada acerca de datos personales de un ciudadano, en el contexto de una «conversación privada» entre abogado y fiscal, sujeta a «criterios de reserva y confidencialidad».
Los hechos comenzaron el 13 de marzo de 2024, cuando este diario publicó a las 21:29 un artículo titulado «La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso». En dicha noticia, por primera vez, se exponía la existencia de diálogos para alcanzar un acuerdo. La información revelaba un correo del fiscal de Delitos Económicos de Madrid, Julián Salto, dirigido al abogado de González Amador, el fiscalista Carlos Neira, el cual incluía la denuncia presentada el 5 de marzo de 2024 contra la sociedad Maxwell Cremona y el novio de Ayuso. Horas antes, eldiario.es había informado sobre esta denuncia.
En la noticia de EL MUNDO se detallaba que el fiscal de Madrid había comunicado textualmente al abogado que «aunque se ha denunciado también a otras personas, no será impedimento para llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo consideran adecuado». Asimismo, se revelaba que el eventual pacto implicaba admitir la comisión de dos delitos fiscales a cambio de una multa y una pena de prisión sin cumplimiento efectivo. Tras la publicación, varios medios contactaron con los gabinetes de prensa de la Fiscalía General y la Superior de Madrid para confirmarlo. Aquella misma noche, la directora de Comunicación de la Fiscalía General llamó a su homóloga de la Fiscalía Superior para transmitir la necesidad de reaccionar a la noticia. Sin embargo, la orden que la fiscal superior dio a su jefe de prensa fue otra: todo se analizaría con calma al día siguiente.
No obstante, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, se situó al frente de la operación que terminó en una filtraión sin precedentes. Según la investigación, justo tras la publicación de EL MUNDO, el fiscal general inició una intensa actividad para recopilar toda la información relacionada con las negociaciones entre la defensa de González Amador y el Ministerio Público. Solicitó los datos a la jefa de la Fiscalía Provincial. El equipo de García Ortiz pretendía acreditar que la iniciativa para pactar partió inicialmente del novio de Ayuso, a pesar de que ese detalle carecía de relevancia jurídica.
Mientras García Ortiz insistía en que le enviaran los correos a su cuenta personal de Gmail, el fiscal del caso, Julián Salto, quien disponía de esos mensajes, se encontraba en el Metropolitano asistiendo al partido Atlético-Inter de Champions. Fue la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, quien le llamó obligándole a abandonar el estadio para remitir la información.
Una vez que García Ortiz recibió los correos cruzados, se difundió uno anterior al publicado por el diario, en que la defensa reconocía los dos delitos fiscales. Este correo se convirtió en el foco de la investigación junto con la divulgación de la nota de prensa.
Aquella noche, tras que el fiscal Salto cumpliera la orden de Rodríguez de enviar los correos, la Cadena Ser publicó la información «El novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto declarándose culpable de dos delitos fiscales para evitar el juicio». La emisora explicó que había accedido a un correo en el que el abogado Neira manifestaba su intención de alcanzar un acuerdo. La información avanzaba: «La Fiscalía de Madrid prepara un comunicado que será difundido en las próximas horas». Al día siguiente, se hizo pública dicha nota de prensa.
A primera hora del 14 de marzo, la prensa de la Fiscalía General envió un primer borrador del comunicado al responsable de Comunicación de la Fiscalía Superior de Madrid, quien se negó a difundirlo por contener datos reservados de la defensa de González Amador. Por su parte, la fiscal superior Almudena Lastra se había opuesto a hacer públicos detalles de la negociación del pacto. Consideraba que cualquier nota debía ser redactada por ellos mismos. Ante este bloqueo, García Ortiz contactó con ella para pedir que ellos enviaran la nota a todos los medios con la información de los correos. Desde la Fiscalía General se afirmó que el contenido estaba consensuado con la Fiscalía Provincial, aunque Pilar Rodríguez, responsable de esta última, posteriormente afirmó en el tribunal que no y que solo había colaborado en la redacción.
EL MUNDO reveló en exclusiva los mensajes que García Ortiz envió a Lastra durante esas horas de máxima tensión. «Si dejamos pasar el momento nos ganarán el relato […]. Es obligatorio publicarla», afirmó. El fiscal general escribió a las 9:03 del 14 de marzo un primer mensaje a Lastra: «Ya tenemos la nota. Consensuada con Pilar y con Virna. Que Íñigo la envíe cuanto antes», refiriéndose al jefe de prensa de Madrid, la fiscal provincial y la decana de Delitos Económicos, Virna Alonso.
A continuación, se produjo una conversación entre Lastra y García Ortiz, donde la primera expresó que la nota contenía fallos. La llamada se interrumpió y el fiscal general mandó a las 9:25 otro mensaje por whatsapp a la fiscal superior: «Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido. Hay que publicarla; si demoramos, se impondrá un relato que no es cierto y dará mala imagen del trabajo de los compañeros. Es fundamental sacarla».
Al no obtener respuesta, tres minutos después envió un nuevo mensaje: «Nos están dejando como mentirosos». Finalmente, a las 9:37, García Ortiz mandó el último whatsapp: «Almudena, no contestas al teléfono. Si dejamos pasar el momento nos ganarán el relato. La actuación de los compañeros y de la Fiscalía es impecable y necesita ser defendida».
A las 10:25 horas, doce horas después de que EL MUNDO revelara los contactos para alcanzar un pacto, el gabinete de prensa de la Fiscalía Superior difundió una nota que detallaba las conversaciones entre la Fiscalía y el abogado de González Amador. En ella se indicaba que el novio de Ayuso había manifestado su disposición a reconocer los hechos y «satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas».
El comunicado llevaba el encabezado «Fiscalía Provincial de Madrid. Nota informativa». Se omitió el membrete usual «Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Oficina de prensa» que suelen llevar las notas de esta oficina. La nota fue enviada desde el gabinete de prensa de la Fiscalía General, a cargo de la directora de comunicación de Álvaro García Ortiz, al gabinete de la Fiscalía Superior.
La filtración relacionada con el novio de Ayuso también tuvo un componente político, que fue investigado. El juez Ángel Hurtado examinó la posible conexión con el Palacio de La Moncloa. La tensión de la noche del 13 continuó el 14 a primeras horas. A las 8:29, cuando ningún medio había reproducido aún la imagen del correo, el documento fue enviado por WhatsApp al entonces líder socialista madrileño, Juan Lobato. Lo remitió Pilar Sánchez Acera, mano derecha de Óscar López durante la etapa del ministro jefe de Gabinete del presidente Pedro Sánchez.
El carácter reservado del documento quedó claro por la reacción de Lobato: «¿Cómo tenemos esto?», preguntó de inmediato a Sánchez Acera, quien pretendía que lo mostrara a Ayuso en el Pleno de esa mañana. «¿La carta cómo la tenemos? ¿Se ha publicado en algún sitio? […] Porque si no parece que me la ha dado la Fiscalía», insistió Lobato. Ante su duda, Sánchez Acera pidió tiempo y a las 9:29 le envió el enlace de El Plural, que acababa de publicar el documento. «Ya está». Poco después, Lobato agitaba el papel con el correo frente a Ayuso.
Los hechos entre ambos se conocen porque el exlíder socialista los presentó ante un notario. Tras la revelación, Lobato perdió su cargo y ambos testificaron en el Supremo. El juez Hurtado concluyó que la Fiscalía General había remitido el documento a La Moncloa, pero la Sala encargada de revisar sus decisiones no encontró pruebas suficientes y excluyó la vertiente política del auto que llevó el caso a juicio.
El instructor destacó que la investigación no pudo avanzar por la eliminación de los teléfonos móviles de García Ortiz, el cambio de terminal y la supresión de su cuenta Gmail durante la instrucción del caso. El fiscal general se convirtió en «un obstáculo» para la pesquisa.