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La Operación Contención dirigida contra el Comando Vermelho, catalogada como la acción policial más letal en la historia de Brasil con 121 muertos, lleva la firma del gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro.
Según datos oficiales de la Policía Civil y Militar de Río de Janeiro, al menos 121 personas fallecieron (entre ellas cuatro agentes policiales) y 113 fueron arrestadas durante el operativo realizado el 28 de octubre en los complejos Alemão y Penha, dentro de la capital carioca, contra el grupo criminal Comando Vermelho.
“Llevamos a cabo nuestra operación y fue un éxito”, afirmó Castro el miércoles 29 de octubre mientras los habitantes de las dos favelas continuaban reuniendo los cuerpos, alineándolos uno tras otro en el suelo.
Originario del Partido Social Cristiano, de tendencia conservadora, el gobernador de Río de Janeiro se incorporó al Partido Liberal, vinculado al expresidente Jair Bolsonaro, luego de las elecciones de 2018.
Para algunos, es un abogado carente de gran carisma que llegó a la política activa “por accidente”. Para otros, es un político que intenta ganar apoyo entre los votantes conservadores con el objetivo de ser elegido senador el próximo año.
Daniel Hirata, coordinador del Grupo de Estudios de Nuevos Ilegalismos de la Universidad Federal Fluminense, describe a Castro como un gobernador de “extrema derecha” que respalda políticas represivas para enfrentar al crimen organizado.
“El gobierno [de Castro] se caracteriza por numerosas masacres. Dos tercios de las principales matanzas en Río de Janeiro han ocurrido bajo su mandato. Ahora mismo, presenciamos la más grande en la historia de Brasil”, declaró Hirata a BBC Mundo, quien en 2022 calificó a la policía de Río como una “máquina de matar”.
Se presenta a continuación un perfil de Cláudio Castro y sus objetivos con esta operación policial, la más letal en la historia de Río de Janeiro, cuestionada por organizaciones de derechos humanos pero respaldada por el 57% de los habitantes de la ciudad según Datafolha.
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De la fe a Guanabara
Bajo los brazos abiertos del emblemático Cristo Redentor, ubicado en la cima del cerro Corcovado en Río de Janeiro, Cláudio Castro entonaba a principios de este año “sé que tú cuidas de mí” dirigéndose al cielo.
Originario del estado de São Paulo y criado en Río de Janeiro, este abogado de 46 años está ligado al movimiento de Renovación Carismática dentro de la Iglesia católica, una rama que comparte varios puntos con las iglesias evangélicas.
Durante su gestión como gobernador, Castro se ha distinguido por un enfoque que une políticas duras de seguridad contra el crimen organizado con la difusión de mensajes religiosos a través de la música.
“Esta generación debe comprender la importancia de hacer el bien, respetar al prójimo y seguir el ejemplo de Jesús”, escribió Castro en Instagram tras su participación en un evento evangélico organizado por la Iglesia Universal del Reino de Dios.
La fe de Castro cobra relevancia en Brasil, el país con la mayor cantidad de católicos en el mundo y cerca de 47 millones de evangélicos, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.
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Tras ese recorrido, Castro llegó al Palacio de Guanabara, la sede del gobierno de Río de Janeiro, de la mano de su antecesor Wilson Witzel, un político de derecha conocido por aplicar políticas severas contra el crimen organizado.
De acuerdo con el Mapa de Grupos Armados de la Universidad Federal Fluminense, el Comando Vermelho ha sido la única organización criminal que expandió su dominio territorial en el estado en años recientes.
Después de ejercer como concejal en Río, Castro irrumpió en la primera línea de la política en 2018 al ser elegido vicegobernador del estado en fórmula encabezada por Wilson Witzel.
Castro asumió la gobernación “por accidente” luego de que Witzel fuera destituido en agosto de 2020 tras ser acusado de recibir sobornos millonarios para adjudicar contratos públicos.
Las acusaciones de corrupción que también involucraron a Castro lo llevaron a sustituir a Witzel, primero de forma interina en 2020 y luego en 2022, cuando fue reelegido con el 58% de los votos.
Quienes lo conocen describen a Castro como un “político discreto”, una figura “inexpresiva” y sin el carisma de los dirigentes tradicionales, que procura consolidarse entre el electorado católico y los líderes evangélicos.
Relación con Bolsonaro
Cláudio Castro alcanzó el poder como candidato del conservador Partido Social Cristiano para concejal, pero en 2021 se adhirió al Partido Liberal que encabeza el expresidente Jair Bolsonaro.
Al igual que Bolsonaro, condenado en septiembre pasado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, Castro forma parte del grupo de políticos que adoptan posturas más duras frente al crimen organizado.
“O endurecemos las leyes como se ha hecho en otros países o Brasil se convertirá en una mezcla de México y Colombia en materia de seguridad pública”, declaró Castro en 2023 a periodistas locales.
En ese sentido, elaboró un paquete de medidas para presentar al Congreso que endurece las penas contra las bandas criminales, incluyendo castigos más severos para personas detenidas con armas de guerra.
“Los delincuentes no tendrán una vida fácil en Río. Seguiremos luchando para sacarlos de circulación, arrestarlos, y enviar a sus líderes a cárceles federales para que no dirijan la delincuencia desde prisión”, afirmó el gobernador en ese momento a la prensa.
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No obstante, tras alinearse con la familia Bolsonaro, Castro se distanció estratégicamente del expresidente para captar en 2022 votos descontentos con el Partido de los Trabajadores (PT).
Para Hirata, Castro es un gobernador que no diseña políticas de seguridad a largo plazo, sino que opta por operativos policiales con alto impacto mediático y que suelen tener un saldo elevado de muertes.
Luego del operativo de la semana pasada, Castro recibió respaldo público de la familia Bolsonaro.
“Es un deber moral apoyar al gobernador Castro. Esto no es política. Si alguien no se atreve a respaldar abiertamente la lucha contra el crimen por miedo a ser calificado de radical, entonces es peor que una rata”, expresó en X Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño.
Respaldo de los gobernadores
A pesar de las críticas severas que Castro recibió de la oposición y de las organizaciones de derechos humanos en Brasil, el máximo representante político de Río de Janeiro no quedó sin apoyos.
Tras los sucesos, Castro recibió en audiencia a seis gobernadores conservadores del país, entre ellos representantes de los distritos más poblados y adinerados como São Paulo y Minas Gerais.
En conjunto, anunciaron la formación del Consorcio de la Paz, un mecanismo para coordinar sus políticas de lucha contra el crimen organizado y contrarrestar lo que consideran la ineficaz política de seguridad del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
“Vinimos a Río de Janeiro a felicitar a las autoridades por esta operación, llevada a cabo sin el apoyo del gobierno. Un gobierno [de Lula da Silva] que insiste en no combatir el crimen y en no clasificar como terroristas a los grupos criminales que controlan territorios”, declaró Romeu Zema, gobernador de Minas Gerais.
Por su parte, Castro subrayó que la iniciativa surge en un contexto de presión intensa sobre su administración tras el operativo que dejó más de un centenar de muertos y varios detenidos.
“No podemos ganar esta guerra solos. Es una lucha contra un Estado paralelo que cada día se hace más fuerte, con un poder bélico y financiero creciente”, afirmó Castro ante la prensa al día siguiente del operativo.
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Según los analistas, este tipo de operativos suele resultar beneficioso políticamente y “sumar votos”, especialmente cuando el carisma del político no es su punto fuerte.
“Se trata de una táctica bien establecida, tradicional y eficaz, dado que un sector importante de la población aprueba y apoya este tipo de acciones”, explica el coordinador del grupo de estudios de la Universidad Federal Fluminense.
Según una encuesta de AtlasIntel publicada el viernes pasado, el 87% de los residentes en las favelas de Río de Janeiro avala el operativo ordenado por Castro.
En este contexto, la actuación del gobernador contra el Comando Vermelho puede interpretarse como una plataforma electoral a un año de las elecciones generales de octubre de 2026, donde pretende postularse como senador.
Más allá de las disputas políticas, el apoyo social a la Operación Contención subraya la necesidad de un debate urgente sobre cómo el Estado debe responder al miedo y al sufrimiento de quienes enfrentan diariamente las consecuencias más severas de la violencia.