El interrogatorio en el Tribunal Supremo reveló que los pagos en efectivo al área de Ábalos apenas se sometían a ningún tipo de verificación.

Los responsables del control de pagos del PSOE admitieron ayer ante el Tribunal Supremo el «descontrol» en el sistema utilizado para realizar pagos en efectivo por gastos que, en representación del partido, habían asumido los ex secretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

El ex director gerente Mariano Moreno y la secretaria del área de Organización Celia Rodríguez Alonso testificaron ante el magistrado Leopoldo Puente después del informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos, que mostraba discrepancias en los gastos presentados por Ferraz al Alto Tribunal. Este mismo informe, que arroja dudas sobre los movimientos en efectivo dentro del PSOE, ha motivado la convocatoria para que el presidente del Gobierno comparezca este jueves en la comisión de investigación del caso Koldo, promovida por el PP en el Senado.

Como testigos, tanto el gerente como la secretaria tuvieron la obligación de responder a todas las preguntas formuladas. Lo hicieron ante un instructor sorprendido por el procedimiento aplicado en Ferraz, que insistió en buscar mecanismos internos de control sin encontrarlos. «Eso no puede llamarse comprobación. Si Ábalos solicitaba ciertas cantidades, ¿el control consistía simplemente en que Ábalos las pidiera? Eso no es control», recriminó el instructor a Moreno, quien ejerció como director gerente durante cuatro años (de junio de 2017 a octubre de 2021), coincidiendo con la etapa de Ábalos como secretario de Organización.

Ante esa observación del magistrado, Moreno no profundizó en las medidas de verificación de los gastos, pero indicó que la práctica en la secretaría de Organización se extendía a todo el partido. «Así funcionaba tanto para la Secretaría de Organización como para toda la Ejecutiva. No era exclusivo de esta secretaría; era general», aseguró el testigo, según fuentes cercanas a la declaración. «No parece un sistema de control muy riguroso», reiteró el juez.

El magistrado mostró su escepticismo ante el uso recurrente de pagos en efectivo en lugar de transacciones bancarias; el exgerente se justificó aclarando que heredó ese método: «Así era cuando llegué como gerente. Formaba parte de la cultura organizativa de la Comisión Ejecutiva Federal».

La primera en declarar fue la secretaria, quien explicó el procedimiento cuando alguna persona del área de Organización presentaba gastos para su reembolso. «Yo completaba unos formularios para liquidación de gastos. Una vez firmados por Ábalos, los enviaba a Administración, que verificaba si los cálculos estaban correctos. Cuando ya tenían el dinero, me lo notificaban».

Según el juez, estas respuestas dejaban «un tanto en el aire» la existencia de controles efectivos para asegurar que los gastos reclamados correspondían realmente a desembolsos efectuados por quien los presentaba. Intentó aclarar esta cuestión con Moreno, quien había sido su superior: «Se presume que Administración realizaba una comprobación para verificar que los gastos fueron hechos por quien los reclamaba», planteó el magistrado. «Eso no se comprobaba», admitió el gerente, por lo que el instructor comentó que, en esas condiciones, cualquiera podría utilizar tickets de restaurante ajenos para justificar gastos.

«Precisamente para eso existen controles en las organizaciones», añadió el juez, mientras Moreno repetía que «eso no se verificaba». «Entonces, ¿en qué consistía la comprobación de Administración?», concluyó el magistrado tras escuchar varias veces esa respuesta. El testigo aclaró que la revisión consistía en confirmar la firma de la secretaría de Organización en la reclamación y que no había un superior responsable por encima de ellos. «Eran los máximos responsables».

Frente al interrogatorio del instructor, el exgerente señaló que los sistemas cambian con el tiempo, lo que llevó a Puente a comentar que la comprobación de que quien reclamaba un gasto había realizado el pago de la comida se aplicaba desde al menos 1950. «No se trata de tecnología avanzada», apuntó el juez antes de exigir nuevamente al testigo, ya en el cierre de esta parte del interrogatorio, que intentara precisar si existía «algún tipo de control». Moreno respondió que no se permitía presentar cualquier gasto y que las fechas debían coincidir, pero esta afirmación no convenció al magistrado del Supremo. «No me diga usted que eso es control», sentenció antes de dar paso a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal jefe, Alejandro Luzón, interrogó a ambos, gerente y secretaria, sobre si existían pagos con billetes de 500 euros. Ambos lo negaron. «No, no, estoy seguro», afirmó Moreno. «Si se entregaban billetes de 500 euros, ¿procedían de alguna fuente distinta a la cuenta bancaria? ¿Existía otra fuente?». La respuesta fue que la cuenta operativa del PSOE era «la única» fuente. Luzón basó su pregunta en el informe de la UCO, que recoge conversaciones de Ábalos con su entonces asesor Koldo García utilizando un «lenguaje convenido para referirse a billetes de alta denominación». Las «chistorras» hacían alusión a billetes de 500 euros.

Después de abordar los gastos de Ábalos, el fiscal jefe instó a la secretaria a recordar los pagos en metálico durante la etapa de Cerdán. La testigo no los recordaba. «Quince liquidaciones», apuntó el fiscal jefe. No los recordaba. «Son de 2024, muy recientes», insistió. Tampoco recordó. Minutos después, preguntada de nuevo por el abogado del PP, Alberto Durán -quien representa a las acusaciones populares– admitió que en ocasiones había realizado entregas en efectivo a Cerdán.

De ambas declaraciones se desprende que el recaudador y distribuidor era Koldo, a pesar de no ocupar cargo alguno en Ferraz. Según las explicaciones de Celia Rodríguez, él solía ser quien recogía el dinero destinado a gastos del área de Organización. Cuando Administración aprobaba los gastos y entregaba el dinero, ella avisaba a «Koldo o a su esposa». «Dejaba un sobre en la recepción de Ferraz para que lo recogieran». Los sobres eran retirados por Koldo, Patricia —también investigada— y en ocasiones por «un motorista».

El juez consideró «extraño» que cualquier persona que dijera ser Koldo pudiera recoger el dinero. La testigo confirmó también que el dinero se guardaba en sobres con el logotipo del partido, en los que anotaba el nombre del destinatario, como los que aparecen en el informe de la UCO.

Ya en el primer interrogatorio matutino, el del testimonio de la secretaria, el juez había manifestado su sorpresa ante el descontrol en la rendición de gastos. En particular, porque la testigo agrupaba los gastos en una nota sin desglose, bajo el concepto general de Secretaría, englobando así «gastos de varios compañeros». «¿Qué tipo de control se podría ejercer con esos criterios?», cuestionó Puente. La testigo supuso que se trataba de gastos de viaje. «Pero, ¿cómo podía verificarse eso?», se preguntó el magistrado.