La Audiencia Provincial de Madrid ha autorizado al juez Juan Carlos Peinado a examinar el registro de llamadas de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez.
Cristina Álvarez, que en un primer momento fue testigo, ahora figura como investigada en el proceso que involucra a la esposa de Pedro Sánchez.
La defensa de Álvarez cuestionó la diligencia, sin embargo la Audiencia de Madrid ratificó la resolución tomada por el juez Peinado.
Las llamadas objeto de investigación incluyen comunicaciones con empresas como Google, Indra, Telefónica y Reale Seguros, relacionadas con los proyectos de Begoña Gómez.
La Audiencia Provincial de Madrid ha concedido al juez Juan Carlos Peinado la autorización para indagar en el listado de llamadas de Cristina Álvarez, asesora en Moncloa de Begoña Gómez, con ciertas entidades.
Así se establece en una resolución fechada el pasado 20 de octubre.
El juez Peinado, a cargo del denominado caso Begoña, donde la esposa de Pedro Sánchez está bajo investigación, interrogó inicialmente a Cristina Álvarez como testigo. Más tarde, cambió su condición a investigada, al igual que sucede con Begoña Gómez.
Recientemente, ordenó a la Guardia Civil preparar un informe sobre las llamadas de Álvarez con ciertas compañías, entre ellas Google, Indra Sistemas SA, Telefónica, Reale Seguros…
Estas empresas han participado, de una forma u otra, en los proyectos profesionales de la esposa de Sánchez, donde también ha intervenido Cristina Álvarez, según se ha demostrado.
La defensa de Álvarez presentó un recurso ante la Audiencia madrileña para recurrir esta diligencia dictada por Peinado. Entre otros argumentos, su abogado, José María de Pablo, sostuvo que Peinado obtuvo el número telefónico de su clienta durante su declaración como testigo, la cual fue anulada.
Por ello, De Pablo considera que esa información no debería emplearse como evidencia contra su defendida una vez que pasó a la condición de investigada.
El abogado solicitó que no se ejecutara la orden, aunque la Audiencia Provincial de Madrid respaldó las actuaciones de Peinado.
El tribunal, jerárquicamente superior al juez, señala que este tenía la potestad de solicitar formalmente a Moncloa el número de teléfono, por lo que la declaración testimonial no era la única manera de obtenerlo. Por consiguiente, la resolución permite al instructor proceder con esta diligencia.
Además, la resolución precisa que la obtención del número telefónico supone una intrusión «mínima» en la privacidad del afectado, dado que no permite, por sí sola, acceder al contenido de las conversaciones mantenidas.
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