Este lunes 27 de octubre, la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) presentó cargos contra Microsoft, acusándola de inducir a los usuarios a pagar más por su sistema de Inteligencia Artificial (IA) Copilot mediante información engañosa.
La entidad encargada de proteger y regular a los consumidores en Australia interpuso una demanda en la Corte Federal contra Microsoft Australia y Microsoft Corp. En ella se señala que el gigante tecnológico transmitió mensajes «falsos o engañosos» a cerca de 2,7 millones de suscriptores australianos con planes de renovación automática de Microsoft 365, el cual abarca diversos servicios.
Microsoft 365 es una plataforma basada en la nube que proporciona varias aplicaciones y servicios bajo suscripción, incluyendo las herramientas tradicionales de escritorio como Word, Excel, PowerPoint y Outlook, además del almacenamiento seguro en la nube OneDrive.
Asimismo, la plataforma incorpora seguridad avanzada junto con la integración de la IA de Microsoft Copilot. Microsoft, supuestamente, comunicó a sus usuarios que solo existían dos alternativas: pagar un costo adicional por Microsoft 365 con Copilot o cancelar completamente la suscripción.
No obstante, hay una tercera posibilidad que, según la acusación, la compañía “ocultaba” o únicamente mostraba a los clientes cuando iniciaban el proceso de cancelación, consistente en mantener el plan «clásico» sin Copilot al precio original.
«Microsoft deliberadamente omitió cualquier mención al plan Clásico en sus comunicaciones y mantuvo oculta su existencia hasta después de que los clientes comenzaran a cancelar con el fin de incrementar la cantidad de usuarios en los planes más costosos con Copilot integrado«, explicó la presidenta de la comisión, Gina Cass-Gottlieb.
Los planes anuales de Microsoft 365 que incluyen Copilot son entre un 29% y un 45% más caros comparados con los que no lo tienen, según detalla la comisión. Por ello, Microsoft enfrenta sanciones que podrían alcanzar los 50 millones de dólares australianos (más de 28 millones de euros) por cada infracción a la normativa de protección al consumidor.