El Ministerio de Justicia impulsa un proyecto que, según se prevé, no contará con los apoyos parlamentarios necesarios para su aprobación.
En la segunda sesión de este martes, el Consejo de Ministros dio luz verde al Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que busca modificar el sistema penal. Esta reforma, promovida por el Ministerio de Justicia —y que probablemente no obtenga el respaldo parlamentario necesario para su implementación— asigna a los fiscales la responsabilidad de las investigaciones penales.
Además, para adecuar el Ministerio Fiscal a sus nuevas funciones, la LeCrim incorpora una modificación en el Estatuto Orgánico del Ministerio Público que desvincula el mandato del fiscal general del Ejecutivo y potencia la autoridad de la Junta de Fiscales de Sala. El cargo del máximo responsable del Ministerio Público se extiende a cinco años, eliminando su dependencia del cese del Gobierno en funciones. Este período, no renovable, contrasta con la regulación vigente, en la que el mandato es de cuatro años y concluye «cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto».
Otra innovación radica en que, ante discrepancias con las directrices del fiscal general, se fortalece a la Junta de Fiscales de Sala —el órgano directivo institucional—, que podrá prevalecer con su opinión si logra el apoyo de al menos tres quintas partes de sus integrantes.
No obstante, a pesar de la aparente buena intención de esta medida, es evidente que la cúpula fiscal está dominada por fiscales con una orientación progresista, mayoritariamente miembros o exmiembros de la Unión Progresista de Fiscales, desde que Pedro Sánchez nombró a los fiscales generales. Esto se ha visto tanto durante la etapa de la ex ministra Dolores Delgado como con García Ortiz al frente de la institución. Dado que los miembros de la Junta permanecen en sus cargos hasta la jubilación a los 72 años, esta reforma permite al Gobierno actual mantener cierto control sobre las decisiones clave de la Fiscalía en los próximos años, incluso si un Ejecutivo con diferente signo político designa al fiscal general.
Por otro lado, la nueva Ley prohíbe de forma explícita que el Ejecutivo dirija instrucciones concretas al Ministerio Fiscal y establece que las comunicaciones de carácter general sean públicas y queden registradas. Para evitar destituciones arbitrarias, el fiscal general solo podrá ser removido por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, previa consulta al Consejo General del Poder Judicial.
Según la propuesta, el Ministerio Fiscal se encargará de dirigir la investigación penal, eliminando la figura del juez de instrucción. Asimismo, se prevé que la Fiscalía tenga bajo su mando cuerpos policiales judiciales como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía. El fiscal se centrará en la investigación, siempre supervisada por un juez de garantías. Concluida esta etapa, otro juez (de la audiencia preliminar) decidirá si procede abrir el juicio oral. Finalmente, un tercer juez será responsable de juzgar el caso.
El juez de garantías actuará como garante de los derechos fundamentales de las partes y fiscalizador jurisdiccional de ciertos aspectos procesales durante la investigación, tales como la duración, el secreto de las diligencias o cualquier medida de investigación que implique una injerencia en dichos derechos. Asimismo, será quien autorice medidas cautelares como la prisión provisional o los registros domiciliarios.
Esta reforma también limita la figura de la acusación popular y define quiénes pueden ejercerla, excluyendo a entidades públicas, partidos políticos, sindicatos o asociaciones vinculadas a ellos. Además, se especifican los delitos en que se puede participar mediante esta figura, incluidos delitos de corrupción, vulneración de derechos de consumidores, delitos de odio, violencia contra la mujer, financiación ilegal de partidos, entre otros.
De ser aprobado, el nuevo texto de la LeCrim entrará en vigor el 1 de enero de 2028. Por tanto, desde el Gobierno sostienen que no tendrá incidencia en procedimientos iniciados con anterioridad ni afectará al actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien desde el próximo lunes afrontará un juicio en el Tribunal Supremo por la filtración de datos confidenciales relacionados con el novio de Isabel Díaz Ayuso.