—MOISES CASTILLO ZEAS—
El gobierno se dio cuenta que no puede seguir jugando con el hambre del pueblo, dijo la directora ejecutiva de la Red de Defensa de los Consumidores, licenciada Ruth Selma Herrera, al comentar la decisión de la administración Bolaños de retirar del Parlamento la iniciativa que grava los productos de la canasta básica.
A juicio de la economista y especialista en asuntos en servicios públicos, gravar la canasta básica significaba tocar la comida y este pueblo que no tiene trabajo, «me parece que era un acto peligrosísimo», añadió.
La reacción en cadena que hubo en la sociedad obligó al gobierno a desistir de esa iniciativa y el presidente Bolaños por primera vez se dio cuenta de lo peligroso que era para la estabilidad del gobierno gravar la canasta básica.
Recordó que el Ejecutivo ha recetado desde que comenzó a gobernar alzas en la energía, agua, canasta básica, privatización de las hidroeléctricas y la promoción de una cantidad de personajes corruptos.
A criterio de la economista, la administración Bolaños no tiene criterios para manejar la gobernabilidad en Nicaragua. Está bien la lucha contra la corrupción venga de donde venga, sin embargo, ¿quién lucha contra la corrupción en ENACAL y que la ha seguido su nuevo director Luis Debayle y Raskoski, que además son cuñados?
Ahora sólo hablan de subir el costo del agua. «Yo quisiera que toda esa gente que firmó la carta respaldando la lucha contra la corrupción se hubieran acordado en algún momento de la lucha contra la corrupción en ENACAL y hubieran sentado una posición contra la privatización del agua, de la energía y los servicios públicos».
Señaló que es corrupción que Unión Fenosa nos cobre un servicio de alumbrado público que no nos da, que se quiera privatizar bajo formas oscuras y onerosas las plantas hidroeléctricas (Santa Bárbara y Centroamérica). También es corrupción que se quiera sacar plata de los desempleados para el pago de la deuda interna, añadió.
«¿Cuándo va a ver gobernabilidad en este país? Si por un lado el presidente Bolaños y otros sectores de la Asamblea Nacional se están disputando los espacios económicos y políticos del país. «No es solamente una lucha política, sino una lucha económica, donde todo mundo está tratando de sacar plata y preservarla».
«Hay preocupación por la deuda interna, externa y ¿quién se preocupa por la población? ¿Y quién se preocupa por generar empleo en el país? Basta ir al campo [para ver] cómo se está sobreviviendo en las condiciones de miseria las familias campesinas y en los barrios de Managua, cuántos bocados de comida están haciendo al día las personas».
«El gobierno del presidente Bolaños no está gobernando para la gente pobre, sino para la oligarquía y los empresarios que han mantenido al país en ruinas como se demostró con la quiebra de los bancos durante la administración del ex presidente Arnoldo Alemán».
Así reaccionó Ruth Selma Herrera, directora ejecutiva de la Red de Defensa del Consumidor, quien dijo que el gobierno pretende con las reformas tributarias pagar la deuda interna de 1,500 millones de dólares que dejaron la quiebra de los bancos, los bonos y la emisión de Cenit a altos intereses.
Por lo anterior la economista y especialista en asuntos públicos consideró que gravar la canasta básica significaba un error más garrafal que el gobierno puede hacer y sacar dinero del escuálido bolsillo de los nicaragüenses para el pago de la deuda interna.
El gobierno estaba apostando a que las dos terceras partes de la canasta básica pueden subir de precio para financiar el supuesto déficit fiscal que realmente es buscar fondos para pagar la deuda interna, la cual, especialmente con los banqueros, significa que se va a tener que pagar a los que contrataron los CENITs una tasa de interés del 20 al 25 por ciento, añadió.
Para lograr sus metas el gobierno se impone la tarea de buscar fondos entre los desempleados, los asalariados con ingresos congelados desde hace 12 años y las personas que están sobreviviendo para pagar una deuda interna. No estamos en condiciones de pagar y debería ser objeto de una reestructuración para no cargar más impuestos a la población, añadió.