En El Salvador, los recursos hídricos se encuentran en una acelerada y profunda crisis, aun cuando el nivel de precipitaciones que tiene el país, triplica el promedio mundial. Dentro de los factores en que se manifiesta esta crisis del agua están:
1. Graves alteraciones y desequilibro del ciclo hidrológico en casi todo el territorio nacional, que convierten las inundaciones y sequías en desastres que ocasionan severos impactos en las poblaciones y ecosistemas más vulnerables.
2. Creciente escasez de agua para el consumo humano, lo que está generando disputas por el control del recurso y afectando las condiciones de abastecimiento a nivel urbano y rural.
3. Ausencia de medidas estructurales que favorezcan la protección de los recursos hídricos, permitiendo una excesiva presión sobre los mantos acuíferos.
4. Deficiencias en la cobertura del agua para consumo humano. Datos oficiales del año 2000 indican que en el área urbana el 93.47 por ciento de la población tenía acceso al agua potable; mientras que en la zona rural apenas un 26.17 por ciento de los habitantes tiene acceso a este servicio público. Solo en el área rural unos 2 millones 200 mil personas viven sin agua potable. Los mismos datos oficiales demuestran que al menos el 43 por ciento del agua potable se desperdicia al perderse en la red de distribución.
5. El agua es un recurso altamente vulnerable y severamente degradado, a tal grado que casi el 100% del agua superficial está contaminada y que el agua subterránea se encuentra en franco proceso de contaminación, principalmente a raíz de la falta de control de los desechos industriales, agroindustriales, agrícolas y domésticos.
6. Dispersión y obsolescencia del marco legal y funcionamiento de las actuales instituciones gubernamentales relacionadas con el manejo del agua (ANDA, CEL, MAG, MSPAS, MARN, Alcaldías, etc); que expresa con claridad la falta de una política integral y un Plan Nacional para la gestión sustentable del Agua.
7. Inequidad en las condiciones de acceso, favoreciendo a los grandes consumidores (industriales, comerciales) sobre los pequeños consumidores, y a las áreas urbanas sobre la zona rural.
A partir de la compleja situación en que se encuentra el sector de recursos hídricos, el Gobierno de El Salvador desde hace varios años viene planteando la idea de un proceso de «reestructuración y reforma de recursos hídricos», el cual está siendo impulsado a partir de la aprobación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, por un monto de 382. 37 millones de colones.
El 26 de febrero del 2001, la Asamblea Legislativa decidió aprobar el referido préstamo con la condición de que fuera reorientado a la reconstrucción y rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado afectados por los sismos, y en diciembre del 2001, la Asamblea Legislativa lo ratificó.
Esta decisión marcó el inicio de un proceso de rehabilitación de los sistemas dañados por los terremotos, para luego proceder a una pseudo descentralización de los servicios de agua potable y alcantarillado en 62 pequeños municipios, 49 de los cuales cuentan con una población menor a 25,000 habitantes.
No existe duda sobre lo urgente que es la inversión en la rehabilitación de los sistemas de agua dañados por los terremotos, el problema es que el préstamo condiciona esta inversión a un cuestionable proceso de descentralización, que probablemente solo será un paso intermedio hacia la privatización.
Además, al analizar el destino de la inversión prevista en el préstamo, se encuentra que apenas el 6.5 por ciento del monto total se invertirá en la rehabilitación de los sistemas rurales, a pesar que en estas áreas es bajísima la cobertura del servicio de agua potable.
Como se observa, este proceso genera varias preocupaciones, entre las que están:
1- Aún cuando se supone que este pseudo proceso descentralizador forma parte de la reforma hídrica, hasta el momento esa «reforma» no está siendo discutida públicamente, ni mucho menos consultada por las autoridades correspondientes; 2- La inexistencia de un marco regulatorio sobre la descentralización; 3- La inexistencia de la legislación sobre los recursos hídricos, que desde hace años el Organo Ejecutivo ha ofrecido presentar a la Asamblea Legislativa y a la fecha todavía se mantiene en secreto; 4- El amplio desconocimiento sobre el proceso y la ausencia de consulta que tienen las poblaciones donde se está ejecutando la descentralización.
5- Existen suficientes evidencias que el plan gubernamental es descentralizar el agua en municipios pobres y pequeños y concesionar (privatizar) el servicio en grandes sistemas como el Área Metropolitana de San Salvador y ciudades principales del país.
Revisando la tendencia en América Latina, se sabe que la descentralización, al igual que la privatización, son fórmulas empleadas con frecuencia en los procesos de reforma institucional en agua y saneamiento.
La orientación privatizadora de la «reforma hídrica» en El Salvador es justamente el resultado de la adopción de políticas mundiales sobre el comercio y la inversión; las que son «promovidas» desde los organismos financieros internacionales, entidades que, manejando una retórica sobre el desarrollo, empujan estas políticas de reestructuración y reforma, que fundamentalmente buscan favorecer la apertura de los mercados de las empresas multinacionales en los países pobres; como parte de los procesos de privatización de los servicios públicos.
Teniendo en cuenta que este 5 de octubre se celebra el DIA INTERAMERICANO DEL AGUA, las instituciones y organizaciones firmantes de este pronunciamiento, expresamos:
1. El agua es un recurso natural que debe ser utilizado de manera sustentable para el bien común de nuestras sociedades y del entorno natural;
2. Que el agua potable y el saneamiento básico es un servicio esencial para la vida y el desarrollo de las personas, por lo que no debe permitirse desde ningún punto de vista que sea catalogado como otra mercancía objeto del mercado.
3. Que para mejorar el acceso y calidad del servicio de agua potable y saneamiento, se debe formular e implementar una política nacional de manejo, preservación, control y distribución equitativa de este servicio, que rechace cualquier propuesta de privatización o concesión de agua.
4. Considerando que los habitantes del área rural son las personas más afectadas con la falta de acceso y deficiente calidad del agua, apoyamos los esfuerzos encaminados a que se apruebe una política y legislación que busquen soluciones a las necesidades de conservación, preservación, cobertura, cantidad y calidad del agua a nivel rural.
5. Valoramos en forma positiva la implementación de verdaderos procesos de descentralización del Estado, lo que implica descentralizar responsabilidades, recursos y poder hacia los gobiernos locales, acompañado de amplios espacios de consulta y participación ciudadana, pero lamentablemente lo que esta sucediendo con los recursos hídricos es todo lo contrario, por lo que rechazamos el proceso de descentralización que promueve y realiza el gobierno.
6. Que con este pronunciamiento público estamos impulsando un proceso amplio de información, debate, capacitación, investigación, coordinación, propuestas y acción ciudadana por la plena vigencia del derecho al agua para todos y todas en nuestro país.
El DERECHO al agua, es un DERECHO humano… POR TANTO: no debe privatizarse!
El agua es un bien público, NO UNA MERCANCÍA.
El agua es vida… POR TANTO: No se privatiza!
San Salvador, 7 de octubre de 2002
Asociación Nacional para la Distribución y Defensa del Agua a nivel Rural, ANDAR Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA Asociación Para la salud y el Servicio Intercomunal en El Salvador, -APSIES- Comité Ambiental de Chalatenango, -CACH- Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, -CESTA- Comité para la Reconstrucción del Desarrollo, -CRD- Centro para la Defensa del Consumidor, -CDC- Fundación CORDES Fundación Maquilishuatl, -FUMA- OIKOS Solidaridad Sindicato de Empresa de los Trabajadores de ANDA, -SETA-
Unidad Ecológica Salvadoreña, -UNES-