Consuelo Sandoval y Noel Hernández
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) rechazó ayer el incremento de hasta el 10 por ciento a las tarifas de la energía eléctrica, como parte de una serie de aumentos aprobados por el anterior gobierno, porque conllevaría consecuencias negativas en la economía nacional.
El presidente del Cosep, Anastasio Somarriba, informó que mañana lunes se reunirán los representantes de las cámaras para analizar el impacto que ese aumento tarifario tendrá en los costos de producción, cuya posición será transmitida al Consejo Nacional Económico y Social (Conpes).
El rechazo de los empresarios coincide con el expresado con la Red de Nacional de Defensa de los Consumidores, que anunció que introducirá la próxima semana un recurso administrativo contra el alza ante la Corte Suprema de Justicia.
Ruth Selma Herrera, representante de la Red, señaló que el alza de un cinco por ciento para los nicaragüenses que consumen menos de los 100 kilovatios horas al mes y de un 8.31 por ciento para aquéllos que consumen más energía, es dos veces ilegal. Ambos aumentos comenzarían a aplicarse a partir de este mes.
«El alza es absolutamente ilegal porque la Ley de energía (Ley de Industria Eléctrica) en el artículo 12 y 16 dice que las tarifas de los consumidores, que somos regulados por el INE (Instituto Nicaragüense de Energía), no podrán sufrir variaciones sino cada cinco años», expresó.
Según Herrera, las tarifas actuales ya llevan dos años desde que se revisaron la última vez.
Cosep critica a Unión Fenosa
Somarriba criticó a los representantes de la empresa distribuidora de energía Unión Fenosa, porque según dijo se han rehusado durante cinco meses a reunirse con el Cosep, encuentro que tendría el propósito de conocer sus gastos, beneficios y distribución de capitales que les permita comprender si tienen razón en ese incremento tarifario.
El miembro del Conpes, Alejandro Martínez Cuenca, anunció que pedirá a ese organismo que analice este incremento tarifario por considerar que afectará los costos de producción y en su opinión contradice la estrategia de competitividad y productividad que impulsa el gobierno del presidente Enrique Bolaños.
Dijo que el Conpes no ha recibido información oficial de los resultados de las negociaciones que sostiene Unión Fenosa con la delegación gubernamental integrada por el presidente de la Comisión Nacional de Energía, Raúl Solórzano, los secretarios de la Presidencia y técnico, respectivamente, Azucena Castillo y Mario Arana.
Solórzano, confirmó que los porcentajes negociados en las tarifas energéticas, que podrían entrar en vigor en la próxima semana, van desde el 5 por ciento para los usuarios que consumen menos de 100 megavatios, hasta el 8.31 y 10 por ciento para el resto de consumidores.
El funcionario no descartó un nuevo aumento mínimo de la tarifa energética en enero próximo cuando otra vez tengan que revisar el pliego tarifario, según el convenio negociado entre Fenosa y las autoridades del gobierno anterior.
Ilegalidad en la tarifa
La Red de Defensa del Consumidor insiste en que la tarifa es ilegal porque la revisión que hace el gobierno se basa en el contrato de privatización de las empresas de distribución (Disnorte-Dissur) a Unión Fenosa, el cual considera que no está por encima de la Ley, ni de las normativa aprobadas por el INE.
De acuerdo con Herrera, representante de la Red, la otra fuente de ilegalidad del alza ocurre porque no se puede aplicar si no se notifica con anticipación.
«¿Dónde está la notificación oficial del Gobierno? Tiene que haber una resolución oficial del INE, mientras no se haga la negociación (que hizo con Unión Fenosa) es una negociación llena de chantajes a los consumidores», calificó.
En ese sentido, dijo que las declaraciones de Mario Arana, Secretario Técnico de la Presidencia y de Octavio Salinas, director general de INE, son totalmente arbitrarias, «porque como funcionarios del Gobierno no se pueden pronunciar si no hay primero una resolución oficial», agregó.
En tanto René Vallecillos, experto en leyes, manifestó que la puesta en marcha de un alza, a partir de junio, es legal porque el anuncio fue hecho por la Presidencia en conjunto con las autoridades del INE, que es el ente regulador de la energía.
LLAMADO A LOS USUARIOS
«En primer lugar vamos a rechazar el alza por principio desde que se anunció en diciembre pasado y la vamos a seguir rechazando», expresó Ruth Selma Herrera, de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores.
Herrera indicó que la Red introducirá un recurso administrativo contra esta alza en la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Contencioso Administrativo.
«En segundo lugar vamos a emplazar a Unión Fenosa con demandas colectivas para que ponga el alumbrado público a más de 300 mil personas que no tienen el servicio y se les cobra por eso», agregó.
«Quiero hacer un llamado a los usuarios para no dejarse sorprender por el alza y no dejarse engañar de que será de menor cuantía, porque además (Unión Fenosa) te aplica otros impuestos de comercialización: el uno por ciento por regulación, alumbrado público y además la tarifa es dolarizada», expresó Herrera.
INCREMENTOS SON ANUALES
En 2000, el Instituto Nicaragüense de Energía aprobó las normativas de tarifas decretadas para efectos de la privatización de las empresas de distribución (Disnorte-Dissur), en ellas el gobierno se comprometió a hacer efectivo un incremento gradual en las tarifas eléctricas durante el período 2002-2005.
-Las alzas eran del ocho por ciento anual para los clientes que consumen menos de 150 kilovatios hora por mes (kwh/mes) y de tres por ciento anual para consumos mayores.
-Desde entonces los compromisos de incrementos estaban firmados, a pesar que Fenosa introdujo una solicitud en octubre del año pasado de subir el costo de la energía en 31.4 por ciento.
-Los incrementos en los pliegos tarifarios para los años 2002, 2003, 2004 y 2005 fueron aprobados como referencia desde junio del año pasado.