Red de Defensa al Consumidor advierte que el gobierno firmó un préstamo con el BID para privatizar treinta ríos del Norte y Atlántico
“Es un súper negocio contemplado en el Plan Puebla-Panamá”, sostienen directivos de la Red
Mirna Velásquez Sevilla
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Treinta ríos de la región Atlántica y Norte de Nicaragua son el blanco de un acuerdo de privatización entre la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Banco Interamericano de Desarrollo, denunció Ruth Herrera, presidenta de la Red de Defensa al Consumidor.
El acuerdo financiero, firmado en 1998, contempla destinar 57 millones 660 mil dólares, para la instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas, lo que según Herrera además de hacerse a espaldas del país, se traduciría en la venta oculta de los ríos a transnacionales españolas.
El proyecto denominado “Programa de apoyo al sector de generación de energía”, y cuya contraparte es la Comisión Nacional de Energía habla de desarrollar treinta pequeñas centrales hidroeléctricas y favorecer a 16 mil familias o 90 mil personas.
Carlos Pacheco Alizaga, tesorero de la Red, expresó que la idea es beneficiar a dos compañías de capital español, Endesa y Unión Fenosa. “Pero existe una disputa por ver quién va a quedarse con el paquete”.
Uno de los datos que alarmó a la Red es que no existe ningún estudio de impacto ambiental del proyecto en las zonas contraparte.
“Están enfocados en intereses de negocios”, externó Pacheco al referirse a la administración del presidente Enrique Bolaños, y agregó que las intenciones son justificar la venta de los ríos encubriéndola como una mera necesidad de energía eléctrica de los campesinos.
PLAN PUEBLA-PANAMÁ AVALA PRIVATIZACIÓN
El propósito de crear las hidroeléctricas, administradas por transnacionales, “es un súper negocio contemplado en el Plan Puebla-Panamá”, dijo Pacheco.
“Ellos (el gobierno) han estado firmando acuerdos con la banca internacional, BID, quienes están interconectados con el Sistema Internacional Eléctrico para Centroamérica (Siepac), el que está concesionado de acuerdo con las negociaciones del Plan Puebla-Panamá, explicó”.
La denuncia de la Red de Defensa al Consumidor agrega que el gobierno persigue privatizar todos los negocios a cualquier costo, y cuestiona la carencia de planificación en la cual los procesos de electrificación sean manejados por el mismo Estado.
“Este plan viene desde el anterior gobierno. Bolaños junto a Alemán diseñaron políticas de privatización a espaldas del país, quieren vender los ríos, y el argumento es que favorecerá a los campesinos”, indicó Herrera.
LA PRENSA realizó gestiones para abordar al presidente de la Comisión Nacional de Energía, Raúl Solórzano, y conocer su versión sobre el tema, sin embargo, no fue posible ya que se encuentra fuera del país.
RÍOS A PRIVATIZAR
Unas 16,000 familias tendrían acceso al servicio básico de energía eléctrica, según el proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A juicio de la Red de Defensa al Consumidor, esto se traduce en privatización de los ríos del país.
-En el municipio de Jalapa en los ríos donde se instalarán generadoras eléctricas son El Escambray y Sonzapote
-En Wiwilí, los afluentes de Wamblán y Plan de Grama, y según el plan se espera favorecer a 900 familias de la comunidad Casa Quemada, en el municipio de Pantasma.
-Comunidades de El Golfo, en El Cua, en el departamento de Jinotega.
-En Matagalpa se prevé la instalación en Santa María de Wasaka, La Dalia. En San Ramón, las comunidades de La Verbena y El Diamante. San Rafael de Apantillo y El Corozo, jurisdicciones de Matiguás. Bilampi, Salto Boboki y El Golfo. En Rancho Grande, La Florida y Waslala, las comunidades de Río Bravo Arriba y Abajo, Naranjo Alto y Medio.
-En Chontales, Salto El Humo y Salto Negro, para beneficiar a 152 y 378 familias, respectivamente
-Y en la zona del Atlántico están el Salto Kepi, Salto Mulukukú, Salto Labú, Caño El Hormiguero, Salto Pataka, Salto Putunka, Salto Grande y Salto Molejones.
PEQUEÑOS NEGOCIOS
Carlos Pacheco Alizaga, tesorero de la Red de Defensa al Consumidor, refirió que el gobierno planifica desarrollar ocho “unidades de negocios” ubicadas en las localidades de Wiwilí, Bocay, Waspam, Puerto Cabezas, Prinzapolka, Bonanza, Siuna, Rosita, Bluefields, Bocana de Paiwas, El Ayote y El Salto. Agregó que dichas unidades son para distribuir la energía obtenida de las treinta pequeñas generadoras que contempla el plan.